La Cámara de Diputados llevará a cabo desde este martes audiencias con funcionarios y especialistas para debatir el proyecto para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años.
Desde las 9.30, en el anexo C de la Cámara baja, se reunirán las comisiones de Legislación Penal; y Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, en el que aportarán su visión los primeros expositores.
Se esperaba que el primer disertante fuera el coordinador general del programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, quien participó en la redacción del proyecto, pero finalmente no sería de la partida, por lo que se presume que en su lugar se presentarán representantes del Ministerio de Justicia.
La semana pasada, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) había estimado que en total se realizarían ocho o nueve audiencias, ordenadas por temáticas, a desarrollarse los días martes y jueves.
La legisladora jujeña detalló cuáles serán los ejes temáticos de las reuniones: Las respuestas no tradicionales con participación de la víctima, la comunidad y exposiciones de los técnicos relacionados con ese tema; la justicia especializada, incluida la capacitación de los jueces, fiscales y las fuerzas de seguridad.
También se hará foco en el tema de la edad mínima de responsabilidad penal, la respuesta a los inimputables, la duración del proceso, la revisión y la prescripción; las medidas cautelares, sanciones, condiciones de detención, monitoreo e implementación del sistema, articulaciones sistémicas y la conformación de equipos multidisciplinarios, que están contenidos dentro del proyecto enviado.
Por la relevancia del asunto a legislar, se definió un esquema de estas características, semejante al utilizado durante discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, para albergar a la mayor cantidad de miradas y así tener todos los elementos para profundizar en el tratamiento.
Más allá de reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la reforma del Poder Ejecutivo propone un máximo de cárcel de 15 años y prohíbe “la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los jóvenes de entre 15 y 18 años.
Pese a esto, la iniciativa aclara que la prisión efectiva será “el último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
A su vez, el texto estipula que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Además, se establece que la prisión preventiva para los adolescentes tenga un plazo máximo de un año.
En tanto, plantea que en los casos de delitos cometidos por menores, tomará intervención una justicia especializada en adolescencia.
