La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, y la designación de la fiscal Cristina Caamaño al frente de organismo quedaron oficializados hoy con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial, en el que se cuestiona el “notorio retroceso institucional” que hubo en ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri, utilizando al organismo “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.
El Gobierno decreta: “Dispónese la intervención de la AFI por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos a contar desde la entrada en vigencia del presente”, y designa como interventora a Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz.
Y aclara que “la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes”.
Entre los considerandos, el texto señala que hubo un “retroceso institucional” porque se delegó en el director de la AFI “la aprobación de la estructura orgánica del organismo restableciendo así su carácter secreto” y se “dispuso la eliminación del régimen de administración de los fondos de la AFI restableciendo, de ese modo, el secreto del presupuesto asignado al organismo así como de sus erogaciones”.
Precisa que “las modificaciones dispuestas por el Decreto Nº 656/16 se han traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”. “Que, en este orden de ideas, el Decreto Nº 656/16 resulta contradictorio con los ejes fundamentales de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional operada por la Ley Nº 27.126 y ha sido la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás Poderes Constituidos del Estado Nacional y afectar, simultáneamente, los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”, acota el texto.
Advierte que como “primera y urgente medida, resulta indispensable dejar sin efecto el Decreto Nº 656/16 y, a la vez, restablecer la vigencia de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto Nº 1311/15 y su modificación por el Decreto Nº 2415/15”. “Que, sin perjuicio de ello, en atención a las relevantes disfuncionalidades producidas en la AFI como consecuencia de lo anteriormente señalado, constituye una prioridad impostergable realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”, agrega.
“Que la concreción de ese cambio institucional, así como la previa restitución del orden normativo establecido por el Decreto N° 1311/15, hasta tanto se defina el nuevo ordenamiento general del sistema, exige la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias, que permitan desarrollar ese proceso sin comprometer el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo”, señala el decreto en los considerandos.
“Por todo ello resulta imperioso disponer la intervención del organismo rector de la inteligencia nacional, facultando al interventor a tomar las medidas excepcionales que resulten necesarias para esos fines”, asegura. “El dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite asegurar la eficacia de la medida, dando certeza respecto de sus efectos, y permitiendo que a partir de su publicación en el Boletín Oficial se restablezcan los principios democráticos que deben imperar en el sistema de inteligencia nacional”, reza el texto.
