El Gobierno oficializó este martes la creación del ‘Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares’ para la elaboración e implementación de proyectos de Integración socio urbana de los barrios inscriptos en el Registro Nacional de esos barrios (Renabap) y sus zonas aledañas.
La iniciativa contempla la participación de las organizaciones comunitarias, y de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
La Resolución 52/2020, que lleva la firma de la ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, María Eugenia Bielsa, aprueba además el modelo de convenio marco a suscribirse con las cooperativas, asociaciones civiles, y otras organizaciones de la sociedad civil así como con las provincias y los municipios que adhieran al programa.
La autoridad de aplicación será la Secretaria de Integración Socio Urbana, dependiente del ministerio, que tiene entre otros objetivos el fortalecimiento de la organización comunitaria, y el diseño de mecanismos de participación de los actores locales en el desarrollo e implementación de los proyectos de integración.
También participa en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat, en el diseño e implementación de políticas de acceso al crédito y la vivienda, y en estrategias de regularización dominial para promover soluciones habitacionales. A la vez, administra y gestiona el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), y realiza su evaluación y seguimiento.
En los considerandos, recuerda que la Ley 27.453 (“Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, aprobada en octubre de 2018 y reglamentada en diciembre de 2019) se declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (Renabap) que contempla un conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial y estableciendo que tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
