El proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de grandes fortunas obtuvo este martes dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y está listo para ser debatido en sesión.
La iniciativa fue apoyada por los integrantes del oficialista Frente de Todos, en tanto que los del interbloque de Juntos por el Cambio anunciaron que votarán en contra cuando el proyecto llegue al recinto.
El lunes terminan las sesiones ordinarias, por lo tanto, el expediente podría ser debatido en sesiones extraordinarias si es que el Poder Ejecutivo lo incluye en el temario que enviaría al Congreso a partir de la semana que viene.
La iniciativa, que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue dictaminada luego de la breve intervención a través de videoconferencia que mantuvo la titular de AFIP, Mercedes Marco del Pont, con los senadores.
La funcionaria remarcó que “los recursos que se obtengan van a ser aplicados a destinos específicos para ampliar la capacidad del Estado nacional para seguir desenvolviendo políticas activas”.
“Este proyecto grava a los empresarios, no a las empresas”, sostuvo Marcó del Pont y destacó que “la base imponible de este aporte extraordinario a los ricos es muy superior al Impuesto a los Bienes Personales”.
Sobre el proyecto
La iniciativa que establece la creación de un aporte solidario y extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos busca recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.
El proyecto alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
La iniciativa prevé el cobro de 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos de bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando sea de 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.
El proyecto fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50 por ciento sobre la alícuota que le correspondería. No obstante, si la persona opta por retornar al país el 30 por ciento de sus tenencias financieras en el exterior, el diferencial se elimina y paga por todo, como si lo tuvieran en la Argentina.
