Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas, declaró en el Juicio Brigadas

Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados, por lo que el segundo hijo de ambos nació en cautiverio. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, lamentó.

En la audiencia 27 del Juicio Brigadas -el proceso unificado por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda- continuó con su declaración el sobreviviente Walter Docters y también expuso Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto, nacido en cautiverio. “Cada vez que veía un chiquito así (rubio y de ojos claros) lo seguía con la vista pensando ‘¿será mi nieto?’”, recordó Delia.

Walter Docters continuó con el relato, que había comenzado en la audiencia pasada, a partir del traslado a la comisaría de Valentín Alsina. “Cuando llegamos, nos comunican que fuimos detenidos recién en la esquina por la Brigada de Investigaciones de Quilmes y yo les dije que hace meses estábamos secuestrados y éramos torturados”, explicó, haciendo hincapié en la complicidad del sistema. “No había nadie que no supiera lo que pasaba pero algunos miraban para el costado”, apuntó. Le estaban comunicando la detención oficial, a partir de lo que tuvo acceso a comida, ropa, visitas familiares y medicamentos para curar el cuerpo lastimado por las sesiones de tortura.

Luego, en enero de 1977, fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, contó pasó por los calabozos comunes y los de castigo, donde los golpes eran comunes y no había acceso a agua más que a través de la letrina de la celda. Dos años después fue a la cárcel de Caseros, a la que definió como “terrible” porque “no daba lugar a ningún tipo de intimidad” y había un “acoso permanente”. Tras un año y medio de estar ahí, volvió a la Unidad 9 y en 1983 llegó a Devoto.

“El 18 de octubre de 1983 y ante el advenimiento de las elecciones generales, me fue otorgada la libertad”, recordó. A partir de ese momento comenzó el trabajo por los compañeros detenidos desaparecidos. “Estuve 45 años esperando para poder hacer este relato”, aseguró ente el Tribunal.

Luego fue el turno de Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata. La hija de ambos, de apenas 3 años, fue abandonada en la casa vacía. Ambos militaban en el PRT-ERP.

“Mi hijo tenía 29 años, empleado del Banco Provincia, y Stella Maris, 27 años, abogada, y su nena de 3 años que quedó solita durmiendo en la cuna”, contó Delia, quien a sus 50 años se convirtió en una suerte de madre para la pequeña Virginia. “El 17 de octubre me llamaron para darme la noticia de que se habían llevado a los chicos. Me llamó la hermana melliza de mi nuera, Liliana. Yo no sabía de qué me hablaba, vivía en San Martín ajena a lo que pasaba en La Plata, donde era común que desaparecieran personas. Al otro día viajé allá para averiguar qué había pasado pero antes pasé por casa de una compañera de escuela, cuyo marido era alto militar, a contarle que a los chicos se los había llevado el Ejército. Quería ver si podía ayudarme, me atendió con cariño y le fue a preguntar a su esposo, pero cuando volvió supe que no me iban a ayudar”, contó.

Explicó, entonces, que en La Plata no logró averiguar nada porque “la gente tenía miedo”. Liliana, la hermana de Stella, también tenía miedo de que se la llevaran y como sus padres eran muy mayores, acordaron que Delia se ocuparía de Virginia.

La niña, cada vez que surgía el tema de sus papás, repetía que se habían ido a declarar a tribunales. “Porque ella mamó eso de su madre. Stella se había recibido de abogada a los 24 años y sus primeros casos fueron defender a ladrilleros y amas de casa. Parecía que Virginia se tomaba con naturalidad el tema, pero en realidad bajó una cortina, nunca preguntó”, aseguró Delia.

Su esposo Pablo Califano, con el que se casó luego de quedar viuda a los 37 años, se convirtió en un abuelo y en un padre para la niña. Y Delia pidió la jubilación para hacerse cargo de ella y de la búsqueda.

“Antes, en noviembre del 76, me fue a ver a la escuela Adela Atencio, que vivía en Ballester, y le habían llevado a su único hijo, para que la acompañara a la Plaza de Mayo. Yo no tenía idea de que había otras en mi situación. Pero le dije que no podía, dejé pasar tiempo”, admitió.

“Demoré hasta el primer jueves de diciembre y ahí fuimos juntas. Llegamos a la plaza y alcanzamos a ver dos o tres personas paradas conversando, fuimos a ellas, una era Azucena Villaflor que tenía una carpeta de tamaño oficio, nos presentamos y hablamos de nuestros casos. Fue el primero de todos los jueves que se sucedieron. Al siguiente éramos más y así fue creciendo el grupo. Los guardias de la Casa Rosada nos obligaron a circular. Instintivamente nos tomamos del brazo y en silencio empezamos a caminar en contra de las agujas del reloj”, precisó.

Delia manifestó que “al mes, empezaron a aparecer los hijos de desaparecidos y esas rondas silenciosas se transformaron en rondas con cánticos”. “Ahí caímos en la cuenta de que nuestros nietos estaban creciendo y en una ronda alguien sale y pregunta si había alguna madre o suegra de embarazada. Ahí nací como Abuela de Plaza de Mayo. Ahora teníamos que buscar un nieto y tampoco había un manual que nos enseñara eso. Visitamos casas cunas, maternidades, guarderías, presentamos habeas corpus en juzgados de menores, pero nuestras hijas parían en cautiverio, no tuvimos noticias. Cuando llegamos a ser 12 fundamos Abuelas Argentinas con Nietos Nacidos en Cautiverio, nuestro primer nombre”, detalló.

“Una de las primeras cosas que hicimos fue avisar al mundo lo que pasaba en la Argentina. La radio y la TV ya hablaban de ‘las locas de Plaza de Mayo’ y la gente nos evitaba. Por gente de Francia nos enteramos del espía que teníamos, Alfredo Astiz, que se agregó al grupo de Madres diciendo que tenía un hermano desaparecido”, recordó Delia, quien también destacó el rol del Buenos Aires Herald, “el único medio que se animaba a contar la realidad”, recordó.

Delia, quien además es bibliotecaria de profesión, se encargó de ordenar los cientos de cartas que las Abuelas empezaron a recibir en solidaridad desde distintos países. Y en 1979, junto con miles de familiares, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las desapariciones de Jorge y Stella. “La cola era eterna. Ahí me llaman, ‘Delia, vení’, era una directora de escuela de La Plata que me contó del nacimiento de Martín, que se había enterado por una alumna, Alicia Carminatti, llevada en la Noche de los Lápices, y que mi nieto nació el 5 de diciembre de 1976”, explicó.

Luego, Alicia le relataría el horror en Pozo de Banfield donde compartió celda con Stella, y que cuando fue liberada, Jorge y Stella seguían vivos. “La llevaron a parir a la cocina, la camilla era una puerta de metal, la atan de manos, le tapan los ojos y tiene a su bebé. La obligaron a baldear el lugar, lo que le generó una infección posparto, pero eso lo supe después”,precisó.

Tuvo a su bebé 4 ó5 días hasta que cortó el cordón y la volvieron a la celda. Ella pedía por su hijo y la respuesta era que había sido llevado con su familia. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, se lamentó Delia, quien precisó que “Stella se quedó con el cordón umbilical y lo pasó de celda en celda hasta que le llegó a Jorge”.

A partir de los datos reunidos, Delia empezó a buscar a un niño rubio y de ojos claros tal como le dijo Alicia. “Cada vez que veía un chiquito así lo seguía con la vista pensando ‘¿será mi nieto?’. Era más dura la búsqueda”, contó Delia, pero destacó que cuando Virginia cumplió 18 años, el trabajo fue de a dos.

Estaba prevista la declaración de Diego Martín Ogando, su nieto, pero fue reprogramada para el 1 de junio.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. 

En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.

También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.

En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).

En la jornada 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.

En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.

En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.

En la jornada 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.

El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.

La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.

La siguiente audiencia continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.