Juicio Brigadas: Declaró un sobreviviente que presenció “los vuelos de la muerte”

"Los compañeros gritaban porque sabían que iban a la muerte", contó Juan Antonio Neme. Estaban maniatados y con un "peso" atado al cuello.

En el marco de la audiencia 29 del Juicio Brigadas declaró el sobreviviente Juan Antonio Neme. En un relato crudo, contó que la tortura psicológica es la que aún hace mella, más allá de haber sufrido torturas físicas. Presenció “los vuelos de la muerte” y precisó que los represores lo hicieron ver la tortura de dos compañeros.

Juan Antonio era uno de los trabajadores de Ford y encabezó las huelgas de las últimas dos horas de producción. Fue despedido y el 26 de marzo de 1976 fue secuestrado en su casa de Mateo, donde residía junto a su pareja y su pequeña hija de apenas seis meses. “Entraron preguntando y haciendo manifestaciones amenazantes, me ataron las manos, me pegaron un poco y luego me pusieron una capucha”, contó el hombre que reside desde hace años España.

Lo llevaron a la comisaría de Escobar, donde se encuentra con una compañera (Martha Velazco) que ya había sido detenida y golpeada. “Ella me dijo ´Flaco, nos vendieron´”, recordó. “Nos trasladaron a un sitio donde empezaron esa misma noche a dar picanas eléctricas, no sé si fue en la comisaría o en otro sitio. Estuvieron dos días con la picana, nos daban un margen muy estrecho de intervalo”, mencionó.

El siguiente centro clandestino de detención fue “el famoso barco”, el ARA Murature. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió. Y contó cómo fue testigo de “los vuelos de la muerte”. “En el helicóptero traían y tiraban a los compañeros con una cuerda atada al cuello y un peso. Los tiraban al río, los compañeros gritaban porque sabían que iban a la muerte, tenían pies y manos atadas, se ahogaban directamente”, precisó ante el Tribunal.

Tras su paso por el barco, fue llevado a una casa en la cual los represores detenían las torturas para comer, según recordó. Sufrió “el potro” y “el submarino”, entre otras formas de torturas y recordó que lo obligaron a presenciar las vejaciones practicadas a su amiga Martha, quien fue quemada con ácido. “Tenía la cabeza gacha, no sé si estaba viva o ya estaba muerta”, admitió Neme.

También estuvo detenido en el Pozo de Banfield y fue a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde presenció la tortura de otro compañero, que evitó detallar. Mencionó que, de acuerdo al relato de sus pares, también estuvo en Lanús. En total, estuvo 45 días desaparecido, luego fue trasladado a la Coordinación Federal, donde recién le quitaron la venda de la cara, lo desataron y le dieron ropa. Sierra Chica fue su siguiente destino.

Recordó que salió “por equivocación”, porque su nombre era parecido al de otro detenido, quien era panadero, y estaba por ser liberado. Se llamaba Juan Antonio Nenne y estaba detenido en la celda 848, cuando él se encontraba en la celda 84 del Pabellón 8. Viajó en una vuelo de Iberia y recién le quitaron las esposas en Madrid. Más tarde logró el asilo en Holanda.

Jorge Varela, otro de los sobrevivientes, dio precisiones ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sobre su paso por la Comisaría primera de Quilmes y la de Temperley. “Nadie tomaba lista, no existíamos, era como que estábamos de paso”, sostuvo. Fue secuestrado con otros compañeros en la fábrica Saiar, donde trabajaba y militaba gremialmente.

“El traslado (a Temperley) fue recontra traumático, por los golpes y las condiciones en las que nos llevan, atados y encapuchados. Aparte de la incertidumbre, de no saber a dónde nos llevaban, el trato era vejatorio, terriblemente cruel. Uno se jugaba la vida ahí, no lo sabíamos porque nunca había ocurrido esto en nuestro país. Uno esperaba 15 días de calabozo pero nunca tortura, muerte y desapariciones”, mencionó.

En esta dependencia estaban en “condiciones deplorables”. No iban al baño ni les daban comida. “El patio tenía 30 centímetros de materia fecal y orina”, recordó. Explicó que los “presos comunes” fueron los que le comunicaron, a partir de visitas de familiares, a sus propios allegados que estaban detenidos allí. “Nos dijeron que a los que habían estado antes, incluso mujeres, los habían sacado y boleteado”, manifestó. “La referencia era que los que caían ahí habían sido todos muertos”, apuntó.

También pasó por Devoto, donde fue legalizada la detención. “Tras cuatro meses de detención no nos reconocíamos en el espejo”, dijo Varela. “Pedí nueve veces la salida del país, que es un derecho constitucional”, mencionó. Logró, en febrero de 1982, el decreto de su “libertad vigilada”. “Recuerdo esto porque apenas salí estalló la guerra por las Malvinas, todavía estaban los milicos”, recordó.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. 

En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.

También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.

En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).

En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.

En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.

En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.

En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.

El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.

La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.

La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.

El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.

La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.