La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó esta madrugada una ley que amplía la estructura de la Defensoría del Pueblo para sumar seis nuevos adjuntos a la estructura y renovó el mandato de su titular, Guido Lorenzino, por cinco años más.
La norma aprobada primero en Diputados y luego sancionada en el Senado fue presentada por el legislador Mariano Cascallares y dispone que el defensor del Pueblo tendrá dos defensores adjuntos generales y cinco defensores adjuntos.
Los adjuntos serán de derechos humanos y usuarios de servicios de salud, de derechos sociales, de servicios públicos y obras públicas, de medio ambiente y asociaciones civiles y de relaciones institucionales.
Así, la Legislatura renovó el mandato de Lorenzino. Además, se dispuso que el actual defensor adjunto general continúe siendo Walter Martello; que Eduardo “Cholo” Ancona siga en Derechos Sociales; y se designó a Gerardo Ontivero en Servicios Públicos; y a Marcelo López en Relaciones Institucionales. Quedaron sin designar un defensor adjunto general; y el defensor adjunto de derechos humanos y el de medio ambiente.
Tras las sesiones, Lorenzino expresó el “honor” por haber sido reelegido como defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, agradeció “el voto de confianza de la Legislatura como resultado del consenso político” y dijo que ello “renueva el compromiso de seguir trabajando a favor de la protección de los derechos las y los bonaerenses”. “Nuestro objetivo será seguir haciendo crecer la Defensoría. Es un organismo relativamente nuevo que tiene que llegar a cada vez más personas, porque se trata de un espacio vital para que sus derechos sean respetados y un lugar donde puedan reclamar y ser escuchadas”, indicó.
El defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes; ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.
La elección del defensor del Pueblo corresponde al Poder Legislativo, es decir, es nombrado por miembros de ambas Cámaras provinciales con dos tercios de la totalidad (mayoría calificad), y permanece en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido para un segundo mandato.
El primer mandato de Lorenzino y del resto de las autoridades de la Defensoría se vencía el 10 de enero.
