Efectivos de la Policía Bonaerense llevan adelante un visible y ostentoso operativo de seguridad a lo largo del tramo de la ruta 3 que atraviesa la zona del municipio de La Matanza conocida como “los kilómetros” donde el lunes fue asesinado el colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos.
Pese a ser feriado, las fuerzas de seguridad de la UTOI desde la tarde detienen a los colectivos que circulan por la zona y hacen bajar a los pasajeros para cachearlos y pedirles su documentación una medida que sólo corre para los varones pues las mujeres y menores de edad no descienden de las unidades.
Una de las características que complican a la hora de entender la utilidad de este operativo es que los documentos no son cotejados contra las bases de datos en las que constan los pedidos de captura o de averiguación de paradero.
Este operativo sorpresa que comenzó pasado el mediodía fue uno de los tantos reclamos que los choferes de colectivos le hicieron al gobierno de la Provincia, tras el crimen de Daniel Barrientos.
Sin embargo, los mismos choferes señalan que se trata de una “puesta en escena”, que no son soluciones a largo plazo y que los hechos de inseguridad suceden durante la noche o la madrugada y en las cercanías de las cabeceras.
¿Puede la Policía requisar las pertenencias de los pasajeros?
El operativo incluye, además del cacheo, la revisión de mochilas y bolsos de los pasajeros. Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cualquier fuerza de seguridad puede requisar a los pasajeros “solamente cuando se ha cometido un delito grave, durante el lapso en el que trascurrió el hecho, con el objetivo de localizar a la persona sindicada como autora de ese delito”.
Por ese motivo, señaló que “ya han pasado varios días desde el asesinato del chofer y dista mucho de lo que establece la constitución sobre los derechos de las personas” en la vía pública.
“Son operativos donde hay una clara limitación irrazonable y presunción, donde una persona que está viajando en colectivo no puede ser requisada de esta manera, bajo la sospecha de que pueda haber cometido el delito”, aseguró.
Gil Domínguez argumentó que este operativo puede ser considerado “inconstitucional”. En ese sentido, sostuvo que “un operativo de esta magnitud tiene como objeto preservar la seguridad, pero los medios que se están utilizando no son correctos. Es un ámbito de intimidad de las personas, pero pareciera que es un operativo al voleo”.
