La situación judicial de Manuel Adorni podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades vinculadas a contratos de la TV Pública con la productora Imhouse.
La investigación, impulsada junto al fiscal Gerardo Pollicita, se concentra principalmente en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de Imhouse y señalado como un amigo cercano del funcionario. La Justicia intenta determinar si Grandio financió el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.
Aunque el jefe de Gabinete aseguró públicamente que el traslado fue abonado con fondos propios, distintos elementos incorporados al expediente contradicen esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio y que la facturación fue emitida a nombre de Imhouse. Según consta en la causa, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a la productora, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, sostuvo el intermediario ante la Justicia.
En paralelo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre Grandio, Adorni y Horacio Silva para reconstruir posibles contactos relacionados con contratos firmados entre Imhouse y la TV Pública. Bajo sospecha aparecen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos por medios estatales, entre ellos “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por el propio Grandio.
Otro de los ejes centrales de la causa apunta al patrimonio personal del funcionario. La Justicia investiga la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
Según el expediente, la vivienda habría sido escriturada por unos 120.000 dólares y luego sometida a remodelaciones integrales y compra de mobiliario por aproximadamente 245.000 dólares, parte de ellas sin facturación formal.
Los investigadores consideran que los ingresos declarados por Adorni no serían compatibles con el volumen de gastos detectados, especialmente teniendo en cuenta compromisos hipotecarios asumidos en operaciones inmobiliarias previas. Además, se analiza la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al barrio privado donde reside el funcionario, lo que podría derivar en una acusación por peculado si se comprobara el uso indebido de recursos públicos.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py crece la expectativa por la decisión de Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la citación a indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
