La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este jueves una nueva serie de medidas de prueba que podrían derivar en un requerimiento formal de justificación patrimonial. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo informes a organismos públicos, entidades financieras y empresas vinculadas al funcionario para completar la etapa de recolección de evidencias en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según fuentes judiciales, las respuestas solicitadas a billeteras virtuales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), el country Indio Cuá y la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) son las últimas medidas pendientes antes de que la fiscalía avance con un requerimiento de justificación patrimonial. Desde la investigación sostienen que existen períodos bajo análisis en los que la evolución de los ingresos declarados no coincidiría con el incremento patrimonial registrado.
Uno de los informes más relevantes será elaborado por la DAFI, que deberá reconstruir la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El organismo analizará ingresos, bienes, inversiones, deudas, gastos y movimientos financieros para determinar si existen inconsistencias o un eventual desbalance patrimonial que requiera mayores explicaciones por parte del funcionario.
La causa también examina operaciones vinculadas a criptoactivos realizadas entre 2020 y 2021 a través de plataformas como Binance y Lemon Cash, además de transferencias relacionadas con la firma DLP Capital Partners. Paralelamente, la Justicia busca establecer detalles sobre la adquisición de una propiedad en el barrio privado Indio Cuá y verificar antecedentes laborales de Adorni y Angeletti en una fundación vinculada a la UAI, con el objetivo de determinar los ingresos percibidos durante esos años y contrastarlos con el patrimonio actualmente declarado.
