El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa en el marco de la investigación que intenta esclarecer inconsistencias entre ingresos y gastos del funcionario. La decisión, que había sido dispuesta en marzo, apunta a profundizar el análisis sobre el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete financió viajes internacionales junto a su familia.
Según informaron fuentes judiciales, la medida busca determinar si existieron irregularidades en el manejo patrimonial, ya que los gastos registrados y las deudas declaradas por Adorni no coincidirían con los ingresos percibidos tanto durante su etapa como vocero presidencial como en su actual cargo. En ese contexto, se intenta reconstruir la evolución económica del funcionario desde su desembarco en el Gobierno nacional.
La investigación también se apoya en testimonios y documentación aportada por testigos, quienes presentaron facturas y tickets que darían cuenta de gastos en viajes al exterior y la adquisición de propiedades. Entre ellas figuran inmuebles en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, operaciones que habrían sido realizadas durante su gestión pública.
En paralelo, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, allegado a Adorni, quien lo acompañó en un vuelo privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. La medida incluye el análisis de contactos entre Grandio, el propio funcionario y Horacio Silva, titular de la productora ImHouse, firma que mantiene contratos con la Televisión Pública bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
