La crisis migratoria en Ceuta dejó al menos 34 personas muertas cuando intentaban llegar por mar desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. La mayoría de las víctimas falleció ahogada al intentar bordear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal, mientras, según estimaciones oficiales, alrededor de 60.000 migrantes ingresaron de manera irregular durante las últimas 48 horas, en uno de los episodios más graves registrados en la frontera sur de España.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró que el ingreso masivo representa cerca del 70% de la población de la ciudad. “Las estimaciones apuntan a que han entrado unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta”, afirmó durante una conferencia de prensa. La magnitud del flujo migratorio desbordó los centros de acogida y obligó al Gobierno español a reforzar la presencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.
Frente a la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Allí calificó la situación como “una violación de la integridad territorial de España” y anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en la zona de El Tarajal. Además, confirmó que se acelerarán los procesos de identificación y devolución de quienes ingresaron de manera irregular y que se intensificará la lucha contra las redes de tráfico de personas. Durante su llegada al helipuerto, un grupo de manifestantes lo recibió con insultos y pedidos de renuncia.
La crisis también escaló al plano diplomático dentro de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller Antonio Tajani plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen para España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior del bloque, una postura que también recibió el respaldo de Finlandia. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid para expresar la protesta formal del Gobierno español.
