Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2026, Argentina registró un total de 192 víctimas fatales a causa de la violencia de género. Los alarmantes datos se desprenden del último informe elaborado por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, dirigido por la asociación civil La Casa del Encuentro.
El relevamiento detalla que, en estos nueve meses, se produjeron 164 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Como consecuencia directa de estos crímenes, 226 hijas e hijos se quedaron sin madre, siendo el 55% de ellos menores de edad.
Las estadísticas vuelven a poner el foco en el círculo íntimo de las víctimas: el 54% de los agresores eran parejas o exparejas. Asimismo, la vivienda continúa siendo el lugar más inseguro, ya que el 56% de las mujeres fueron asesinadas en su propio hogar o en el que compartían con el femicida. A nivel territorial, la provincia de Buenos Aires encabeza la lamentable lista con la mayor cantidad de casos absolutos, seguida por Santa Fe y Córdoba.
Falta de respuestas y alerta por posibles retrocesos judiciales
El informe también pone en evidencia las graves fallas en el sistema de protección. El 15% de las mujeres asesinadas (22 víctimas) ya había realizado una denuncia previa, y 11 de los femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención. Sumado a esto, se registraron 401 intentos de femicidio que continúan en seguimiento.
“Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos, nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia“, señalaron desde La Casa del Encuentro, evidenciando que las medidas dictadas resultan insuficientes y permiten a los agresores actuar con impunidad.
Por otro lado, la organización emitió una fuerte advertencia institucional dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el máximo tribunal adopte una interpretación que restrinja el alcance de la figura de femicidio (artículo 80, inciso 11 del Código Penal), exigiendo requisitos como la convivencia o antecedentes de violencia que la ley actual no estipula. “Es la ley la que debe encuadrar la interpretación de la Corte Suprema y no la Corte la que reduzca los alcances de la ley caprichosamente”, enfatizaron.
Exigencia de políticas públicas efectivas
Bajo la consigna “Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio”, la organización reclamó un cumplimiento efectivo e inmediato de la legislación vigente, incluyendo la Ley de Violencia de Género (26.485), la Ley Micaela (27.499), la Ley Brisa (27.452) y la Ley de Trata (26.364).
“Queremos un Estado que actúe y no destruya; un Estado que transforme. La violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad”, concluyó el comunicado.
El informe en cifras:
- 29 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen.
- 15 víctimas se encontraban en un contexto de narcocriminalidad.
- 14 víctimas presentaban indicios de abuso sexual.
- 8 femicidas pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad.
- 7 de las víctimas eran mujeres migrantes y 1 pertenecía a pueblos originarios.
- 5 víctimas se encontraban cursando un embarazo.
- 3 víctimas estaban en presunción de situación de prostitución o trata.
