La Cámara de Diputados aprobó la designación de Marisa Graham, ex directora de la secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, para ocupar el cargo de Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora, debe ser aprobada en la Cámara de Senadores.
Las postulaciones al cargo se debatieron a lo largo de dos años de trabajo en la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El proceso de selección, que derivó en la postulación de Graham, contempló la evaluación total de 68 candidatos y candidatas, que debieron rendir examen escrito y presentar planes de trabajo.Según la presidenta de la Bicameral, Samanta Acerenza (PRO), este avance significa “saldar una deuda de 14 años que tiene el Congreso con la infancia; un paso más para proteger a los más vulnerables y garantizarles oportunidades”.
En el inicio de la sesión juró la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alejandra Alcira Caballero, en reemplazo de la ex diputada Anabella Hers Cabral. Luego se plantearon cuestiones de privilegio sobre distintos temas.
El diputado Hugo Yasky reclamó la declaración de “emergencia ocupacional”; la diputada Silvia Horne exigió respuestas por el apagón que afectó a todo el país y la diputada Araceli Ferreyra denunció “represión” en un homenaje a Kosteki y Santillán; el legislador Daniel Filmus, por último, criticó al Poder Ejecutivo por el decreto 343/19 que deroga la elección del Parlasur en forma directa “atentando contra este Cuerpo y la Constitución”.
En tanto, la Cámara baja también sancionó un proyecto que crea un Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
En el plenario del martes donde obtuvo dictamen, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), consideró que “es un tema transversal; buscamos hacer operativa la ley 26.364 sobre derechos de víctimas de trata y dar una respuesta a las víctimas que padecen este flagelo”.
Burgos explicó que se trata de un “resarcimiento económico y social, que evita que las víctimas sigan el procedimiento civil para una indemnización”. Y argumentó que “es una respuesta más al trabajo realizado durante años con respecto a la trata de personas en Argentina”.
