El diputado Agustín Rossi mantuvo anoche un encuentro con la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, del que participaron otros legisladores de Unidad Ciudadana, en paralelo a los allanamientos que se registraron en el edificio de Recoleta donde vive la legisladora. “Es una provocación”, advirtió.
“Resulta demasiada casualidad que justo en el día en que le toman indagatoria a Cristina se toma la decisión de allanar el edificio donde vive”, planteó Rossi al retirarse del Instituto Patria, donde tiene las oficinas la senadora de UC. “Es obvio que hay una persecución política detrás de Cristina Fernández de Kirchner. Buscan agredirla desde el punto de vista político”, apuntó.
Además, consideró que los procedimientos son una “provocación” al Senado, que mañana decide si se habilitan los allanamientos a sus propiedades o no. Planteó, asimismo, que la maniobra se registra en un “día cargado de incertidumbre”, aludiendo a la economía, la suba del dólar, los anuncios del Gobierno.
Allanamientos
En vísperas del tratamiento en el Senado de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron el edificio en el que reside. La orden la dio el juez Claudio Bonadio, quien investiga presunta corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.
“Van a tener un problema grande los que hicieron esto, porque no es legal”, denunció el letrado de Cristina, Gregorio Dalbón. El abogado consideró que se trata de un “circo”. Sin embargo, aclaró que los allanamientos no se realizan en el departamento de la ex presidenta.
Según precisó, los procedimientos se concretan en departamentos del 1° y 4° piso del edificio ubicado en Juncal al 1300 del barrio porteño de Recoleta. Ambos inmuebles estarían a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López.
Cristina se presentó en Comodoro Py
La ex presidenta negó “de manera terminante” los cargos, reiteró la denuncia de “persecución judicial” por parte de la administración de Mauricio Macri y cuestionó que, entre otros empresarios arrepentidos, Ángelo Calcaterra haya sido “privilegiado con una de las sortijas” entregada por el fiscal de la causa.
“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”, apunta en otro tramo del escrito.
