El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que los aumentos aplicados por la empresa AySA al servicio del agua “sumará un acumulado de 630 por ciento”.
Durante la audiencia pública realizada en Tecnópolis, la Defensoría del Pueblo bonaerense no solamente rechazó el aumento propuesto por AySA, sino también dejó constancia de las reservas del organismo de iniciar las acciones judiciales que se estime corresponder.
“La propuesta habla de un aumento del coeficente K, que fija una parte del valor de las tarifas, de un 44%, pero al analizar los números concretos de las distintas categorías aparece que el incremento real será de 48,5%, sumando más de 630% en los últimos años. El incremento de la inversión fue mucho menos, de apenas 172%”, explicó Martello.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que “las cuentas incobrables sumaron más de $510 millones a fines de 2017, 56% más que un año antes”.
“La incobrabilidad en 2018 podría ser aún más alta si se tiene en cuenta lo registrado en la ejecución presupuestaria del primer bimestre de este año. Creemos que la nueva propuesta de AySA, en lugar de generar los recursos que se requieren para hacer inversiones y mantenimiento, provocará una mayor cantidad de usuarios dejarán de pagar la boleta”, agregó.
Tarifa social
Expuso también que “en la ejecución presupuestaria de AySA, también aparecen algunos gastos llamativos, como por ejemplo el sideral aumento de las erogaciones en publicidad y propaganda, que en 2017 sumaron más de $86 millones, un 71% más que el año anterior”. “Con este dinero se podría ampliar el beneficio la Tarifa Social (TS) e incluir a 33 mil nuevos beneficiarios”, apuntó.
Hasta ahora, la TS se sostiene con recursos de la empresa AySA. En la audiencia pública de abril, la compañía había planteado que debido a la falta de financiamiento del programa con recursos del Tesoro Nacional se requería realizar un replanteo sobre el alcance del mismo hacia el futuro.
En tanto, en la propuesta actual se busca instrumentar un esquema en que los aportes provengan del financiamiento de los tesoros de los respectivos gobiernos jurisdiccionales, y no de los mismos usuarios del servicio. Por ello, en el proyecto de presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el artículo 100, se fijó la suma de hasta $742 millones para atender el pago de compensaciones en concepto de tarifa social, con destino a AySA.
“Esta propuesta de la empresa constituye una medida absolutamente regresiva ya que transferir la responsabilidad del pago de la tarifa social al Estado bonaerense significa que se utilizarán recursos que aportan las personas que, en muchos casos, ni siquiera acceden al servicio de agua potable y cloaca”, explicó Martello.
