El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el decreto por el cual entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio “es una herramienta novedosa para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes” provenientes de hechos ilícitos, y estimó que “los plazos (para ese trámite) no deberían superar el año”.
“Fue un tema que se discutió mucho en el Parlamento y nunca se logró avanzar. Era una de las prioridades del Gobierno en la lucha contra las mafias, la trata y el delito”, afirmó el ministro.
Consideró también que se trata de “una herramienta novedosa para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes (producto de delitos); hoy sucede que tardan más cinco años, y hasta 20 años. Los plazos para recuperar los bienes no deberían superar el año”.
“Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. En la Argentina, hoy, el que las hace las paga”, aseguró ayer el presidente Mauricio Macri, tras anunciar el DNU de extinción de dominio para la recuperación de bienes que son productos de distintos delitos, como el narcotráfico, la corrupción y las mafias.
El decreto 62/2019, publicado este martes en el Boletín Oficial, advierte que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.
Señala que hay una “necesidad de modernizar los procesos es una exigencia que demanda la sociedad y el inicio de un cambio de paradigma” y “es necesario dotar al sistema de Justicia de nuevas herramientas que otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia para dar respuestas a la sociedad”.
