La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal de La Plata ordenó este martes el desalojo de la toma de tierras del barrio San Martín de Guernica, partido de Presidente Perón, que fue llevado a cabo por más de 300 personas.
“Se ordena el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”, indica la resolución. La decisión de la Sala ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo.
La resolución establece además que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar por el juez de Garantías, el cual deberá ser en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.
Para la diligencia “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”, determinó el fallo.
La toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, tuvo lugar a mediados de agosto cuando más de 300 personas se acercaron y ocuparon los terrenos, lo que también provocó incidentes con algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron.
Como consecuencia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con los jefes comunales y estableció un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural.
Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.
Previo a dicho encuentro, intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense condenaron “la ocupación ilegal de tierras y viviendas”, reclamaron la intervención de la Justicia para “hacer cumplir la ley” y consideraron que “el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”.
“No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”, sostuvieron los jefes comunales de la zona que, junto con la Primera Sección, son las más populosas de la provincia de Buenos Aires.
