Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dictaminaron por unanimidad que el proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares al prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años y ampliar el número de registros de poblaciones incorporadas al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) pase a ser tratado en el recinto.
La reforma a la Ley 27.453, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo.
Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal.
Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.
