En una contundente carta enviada a la Cámara de Diputados la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina manifestó su rechazo al proyecto de ley que busca reducir la edad de punibilidad en el país. Los magistrados advirtieron que la medida no solo es ineficaz para combatir la inseguridad, sino que representa un retroceso hacia una “lógica punitiva simplificadora”.
Para la organización, la insistencia en endurecer las penas para menores es una respuesta cíclica que omite las realidades estructurales de la niñez. En el documento, califican la reducción de la edad como un “efecto placebo” que busca generar una apariencia de acción estatal, pero que no produce mejoras reales en la seguridad pública.
“Bajar la edad de punibilidad no constituye una solución, sino una renuncia del Estado a diseñar e implementar políticas públicas complejas e integrales”, sostiene la misiva.
La Red de Jueces fundamentó su postura en tres ejes principales: la diferenciación jurídica pues sostienen que la infancia y la adolescencia exigen un tratamiento diferenciado debido a una menor autonomía psíquica y social, y que asimilarlos a adultos ignora estándares internacionales.
El otro argumento es la falsa impunidad pues el organismo aclaró que la edad mínima actual no significa impunidad, ya que las provincias ya cuentan con procesos y sanciones (incluyendo la privación de la libertad en centros cerrados) para adolescentes no punibles que cometen delitos graves.
Finalmente, recordaron que el objetivo de la justicia juvenil debe ser la “responsabilidad progresiva” y la reinserción, no la “venganza social”.
Además, los jueces instaron a los diputados a que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos. Entre sus peticiones específicas, destacaron la necesidad de establecer un límite máximo a las penas de prisión y garantizar la revisión periódica de cualquier sanción que implique privación de la libertad.
“Más castigo temprano no produce mayor seguridad. Más derechos y una efectiva garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, sí”, concluye el texto firmado por la Red.
