Tras sancionar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el Senado le dio media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno.
La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el período de sesiones ordinarias.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
El proyecto de reforma a la ley 26.639 busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
