El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires alertó que atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. El sector, que representa casi el 30% de la cobertura educativa y alcanza a más de 1,3 millones de alumnos, advierte que a las dificultades financieras acumuladas en los últimos años ahora se suma una nueva amenaza: el aumento de la presión impositiva en algunos municipios, lo que pone en riesgo la actividad.
La preocupación se encendió a partir de lo ocurrido en Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25, una norma que incrementa en 100% la tasa de seguridad e higiene y establece además una contribución obligatoria de $7.500 mensuales por cada empleado de las pymes. En ese universo también quedan incluidas las escuelas privadas, que por su estructura suelen contar con planteles numerosos.
“Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA).
El impacto de las tasas y la presión sobre los aranceles
De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría pagar entre $1,5 millones y $2 millones por mes en tasas municipales, lo que llevaría esa carga a más de $20 millones al año. Desde las entidades que nuclean a los colegios privados señalan que ese tipo de medidas, si se replica en otros distritos, podría profundizar aún más la delicada situación económica de muchas escuelas.
“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, al tiempo que adelantó que la entidad analiza medidas para intentar que las autoridades municipales revisen la decisión.
A este panorama se suma la negociación paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Según explicó el dirigente, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se agregaría a los aumentos otorgados a fines del año pasado. Desde el sector privado aclaran que no cuestionan las mejoras salariales, pero remarcan que necesitan una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar esos pagos.
Caída de matrícula, morosidad y cierres
“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, explicó Zurita. En la provincia, cerca del 70% de los colegios privados recibe aporte estatal, por lo que cualquier incremento en las cuotas debe ser autorizado por el gobierno bonaerense.
El dirigente también se refirió al cierre de establecimientos privados en los últimos años, tanto en el conurbano como en La Plata. Según indicó, el fenómeno se hizo más visible después de la pandemia y responde a una combinación de factores: la caída de la natalidad, la baja de la matrícula, el atraso en los aranceles, el aumento de las tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias.
En ese contexto, el sector asegura que en los últimos cuatro años el sistema educativo perdió unos 300 mil alumnos, una reducción que impactó de lleno en la sustentabilidad de muchas instituciones. “Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, señaló Zurita.
