Ya el año pasado, Cambiemos presentó un proyecto para declarar “servicio esencial” a la educación para evitar que “por reclamos gremiales no se dé cumplimiento al ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase”. Hubo un férreo rechazo desde la oposición. Hoy, vuelve a la carga con el tema.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, recorrió ayer una escuela de Mar del Plata junto a Guillermo Castello, autor de la iniciativa que busca declarar a la Educación como Servicio Público Esencial, y planteó que es “una buena variante para analizar”. “Esto le evitaría a los chicos el daño y el costo por no tener todos los días de clase que debieran”, apuntó.
Estas declaraciones se dan en el marco de un plan de lucha del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que contempló un paro de 48 horas el 12 y 13 de este mes. El último día del cese de actividades coincidió con la medida de fuerza de Ctera.
“Habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”, aseguró Castello. Y agregó: “Entiendo que el derecho humano a aprender es de jerarquía superior al derecho de huelga, que no es absoluto. Esto implica que el dictado de clases no podrá ser interrumpido por medidas de fuerza, equiparando el deber a las actividades en donde está prohibida su paralización, como por ejemplo, los servicios hospitalarios o el control de tráfico aéreo”.
La iniciativa del diputado marplatense propone declarar a la educación pública como servicio esencial, entendiendo que la educación es un bien público y constituye un derecho personal y social que deben estar garantizado por el Estado.
La iniciativa prevé que en caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva o que tengan su origen en la relación laboral, deberán mantenerse, mientras dure el conflicto, los servicios mínimos como el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción, el funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento de las escuelas abiertas con una guarda mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad.
