El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto, criticó el proyecto de ley de alquileres, sobre el que consideró que “avasalla los derechos consagrados”.
En diálogo con Info Región, el titular de la entidad que agrupa a las cámaras inmobiliarias regionales aclaró que los corredores bonaerenses están a favor de la sanción de una ley de alquileres, pero que no están de acuerdo con la el proyecto actual. “Somos la mayor representación que hay en el país y propiciamos la sanción de una ley de alquileres, desde la derogación de la ley 23091 de fines de la década del 80 hasta acá no hemos tenido algo que reglamentara una actividad tan importante como la locación de bien e inmueble”, comentó.
“Hay varias cuestiones para resolver y realmente hay hechos muy importantes que no se han tenido en cuenta. No se hace una distinción entre locaciones familiares y locaciones comerciales. Está todo muy de los pelos y creemos que es más un impulso basado en una expresión de deseo pero que no se condice con los hechos”, manifestó, y comparó la norma en debate con la que se aprobó el año pasado en la Ciudad. “Al igual que el experimento que hicieron en la Ciudad, esto va perjudicar al mercado con un incremento importante del canon locativo como ya quedó demostrado”, aseguró.
La entidad fue convocada por la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, presidida por Daniel Lipovetzky, para discutir el tema. El Colegio de Martilleros de la Provincia advierte que la iniciativa “viola el derecho a la propiedad, la autonomía de las provincias, que tienen leyes especificas donde reglamentan toda la escala arancelaria y los efectos negativos que tendrá la economía”.
En torno al avance de la iniciativa, Donsanto reflexionó: “Considero que tiene que ver con el año electoral y la necesidad de dar buenas noticias porque en líneas generales no son buenas, pero esto puede resultar gracioso, porque la realidad es que este proyecto es despreciado por los inquilinos, por los propietarios y por aquellos que actuamos en el mercado”.
“Mantenemos la propuesta del alquiler social como una herramienta en la que todos podemos aportar algo para con el sector más vulnerable de la sociedad”, apunta la entidad. ¿De qué se trata? Un régimen diferente en cuanto al pago de aranceles y honorarios, a partir de un techo de valor locativo.
Proyecto
Establece contratos a 3 años como plazo mínimo legal, en lugar de los dos que se firman en la actualidad. Esto generará menores costos para los inquilinos a la hora de renovar; mayor acceso a una garantía: se exhorta a los propietarios a aceptar como variante garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza; las comisiones estarán a cargo del propietario y no de los inquilinos.
También prevé formalización de los contratos: una de las intenciones del Ejecutivo con esta medida es que se blanqueen los alquileres ante la AFIP, con el fin de incrementar la recaudación; actualización de los alquileres según inflación y la evolución de los salarios: el precio se ajustará semestralmente y se utilizará una fórmula conformada por partes iguales, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
La organización Inquilinos Agrupados (IA) se mostró confiada en que la Ley de Alquileres sea aprobada sin cambios, al tiempo que denunció presiones por parte del sector inmobiliario para que la iniciativa no se convalide. En diálogo con Info Región, el referente de IA Gervasio Muñoz aseguró que “es mentira que se prevén modificaciones” al proyecto que obtuvo dictamen en Diputados y aseguró que “se va a tratar tal como está”.