La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita federal. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra. Fue impulsado por el oficialismo y contó con el apoyo, entre otros sectores, del Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal. El Frente para la Victoria lo rechazó.
La reforma está orientada –según sus fundamentos- a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Incorpora, con ese objetivo, herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general.
Se pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Eso implica que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones.
También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.
Apunta –según se detalló- a lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.
Debate
La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), valoró el cambio de un sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio y explicó que una reforma del código sancionada en 2014 debió ser suspendida en diciembre de 2015 porque “no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación”.
“El código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la diputada Burgos.
Por último, remarcó el trabajo legislativo de los últimos años que resultó en la aprobación de leyes como la de flagrancia, la ley del arrepentido y de responsabilidad penal empresaria.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), dijo estar convencida de la necesidad del cambio de paradigma en el servicio de justicia, e intentó explicar la dimensión de la reforma.
“Estamos hablando de un procedimiento confuso y enredado. Ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mejorará el servicio de justicia. Imagínense lo que significa transferirle estas facultades al Ministerio Público desde algo tan mínimo como lo edilicio o el personal”, especificó.
Desde el Frente para la Victoria, el diputado Martín Doñate manifestó el rechazo de su bloque al proyecto y pidió contextualizar las reformas a la justicia.
“El Gobierno quiso nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión, le quitó las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal para dárselas a la Corte y armó una ingeniería judicial para perseguir a Cristina Kirchner y a todo lo relacionado al gobierno anterior”, afirmó Doñate.
