El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazó el ajuste en discapacidad, tras el recorte en pensiones por invalidez. “En 2017, el Gobierno dejó en total desamparo a más de 60 mil personas”, recordaron desde el espacio, que cuestionaron que el Gobierno “se ocupa de mejorar la rentabilidad de los sectores más ricos de la sociedad”.
“Quienes padecen discapacidad, no pueden ser variable de ajuste”, se titula el comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, presidido por el intendente Fernando Gray. “Una vez más, el Gobierno apela a la manipulación para justificar sus políticas de ajuste sobre la inversión social. Bajo la excusa de supuestas irregularidades que no alcanzan ni al 1% de los beneficarios, Cambiemos insiste con recortes masivos en las pensiones por invalidez como ya lo hizo en 2017 cuando dejó en total desamparo a más de 60 mil personas”, denunciaron.
En un comunicado de prensa, apuntaron que “el Gobierno debería preocuparse por cómo ayudar cada vez a más personas con discapacidad, no a menos”. “Sin embargo, siempre decide contra los que más lo necesitan: los electrodependientes a los que les cortan la luz por no poder pagar la factura, los jubilados que ahora tendrán que pagar el impuesto a las ganancias cuando antes no lo hacían y los cientos de miles de trabajadores que quedan en la calle por el cierre de pequeñas y medianas empresas”, agrega el texto.
“El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lucha todos los días por una sociedad más justa que defienda los derechos de los más débiles. Por eso el peronismo rechaza esta nueva injusticia del Gobierno que, como siempre, solo se ocupa de mejorar la rentabilidad de los sectores más ricos de la sociedad mientras achica su apoyo al pueblo, a los trabajadores y a la clase media”, concluye el comunicado.
Vale recordar que intendentes del PJ presentaron, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, una acción de amparo colectivo contra el nuevo tarifazo eléctrico impuesto por el Gobierno. Recayó en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata a cargo del juez federal Alberto Recondo.
La presentación, firmada por intendentes, diputados nacionales y provinciales, ONGs y movimientos sociales, tiene como objetivo demostrar que los nuevos aumentos “vulneran el principio de tarifas justas y razonables como también los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016”, donde se dictaminó cumplir con un criterio de “gradualidad”, acorde a los niveles de ingresos de los ciudadanos.
