La Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría hoy el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
“El Acuerdo de Escazú es fundamental pero no puede ser una medida inconexa y aislada para dormir con la conciencia más tranquila a la noche: tiene que ser una medida contextualizada en un plan económico y político de inclusión social”, destacó Daniela Vilar, vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
En este marco, planteó que “la salida de esta crisis y la construcción de una nueva normalidad demanda una agenda ambiental popular que se complementa con políticas de empleo, políticas de industria y de inclusión social”.
Para Vilar, “las problemáticas ambientales, que profundizan las desigualdades, profundizan y generan más situaciones de vulnerabilidad, son causa directa de un modelo injusto y absolutamente depredador, que nos condujo directamente acá, a tocar este fondo, por eso no podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, de explotación y de concentración de la riqueza”.
Destacó el trabajo en Lomas
“En Lomas, de donde soy yo, el intendente Martín Insaurralde tomó la definición política de generar propuestas de gobernanza ambiental, y generamos mesas de participación ciudadana, donde cartoneros, cartoneras, ambientalistas y Estado en todos sus estratos participamos colectivamente de los programas para avanzar sobre esa realidad”, indicó, y planteó que “los intendentes hoy asumen este desafío sin los recursos, siendo absolutamente creativos, porque para que se den una idea solamente el Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires cuadriplica el presupuesto de todo el distrito de Lomas de Zamora”.
El acuerdo
La Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La iniciativa, enmarcada en una sesión escandalosa, fue aprobada por 240 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales, mientras que hubo cuatro votos en contra y dos abstenciones.
El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense homónimo donde fue firmado en 2018, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Si bien de los 33 países que integran la región, solo 22 firmaron este tratado aunque hasta no obtener la ratificación por parte de 11 de los estados firmantes, el Acuerdo de Escazú no entrará en plena vigencia.
