El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos del sur del Conurbano se reanudó este martes con la declaración de testigos por Nélida Azucena Sosa de Forti, quien fue secuestrada el 18 de febrero de 1977 arriba de un avión de Aerolíneas Argentinas próximo a despegar. Estaba junto a sus cinco hijos, quienes fueron posteriormente liberados. Estuvo en el Pozo de Quilmes.
Carmen Ibañez, abogada defensora, reclamó que el testigo no leyera notas pero el Tribunal no hizo lugar. Es que Alfredo Forti precisó que iba a utilizar notas personales durante su exposición a los fines de dar un orden cronológico. Una vez resuelta la cuestión, se dio inicio al testimonio. El hombre recordó que su madre estaba muy cercana a la realidad de la sociedad. “Si bien era atea, trabajó muchísimo con los curas de opción por los pobres”, recordó, al enumerar las acciones que realizaba.
Ellos estaban en Tucumán cuando comenzó “la campaña sistemática de persecución, detenciones, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos a la clase de gente como mis padres”. Comenzaron a “desaparecer” compañeros de trabajo, de actividades políticas y sociales, por lo que el 18 de febrero abordan un vuelo con destino a Venezuela, donde estaba su padre, también llamado Alfredo Forti. El avión debía salir a las 9 y luego de pasar los controles y una vez sentados, les informan que no podían viajar por aparentes problemas de documentación y amenazaron a Nélida con abrir fuego.
Remarcó que todo sucedió “a la vista de todos los pasajeros”. “Nos sacan del aeropuerto, nos suben a autos particulares y todos somos vendados y atados, incluídos mis hermanos pequeños (Mario, 13 años; Renato, 11; Néstor, 10; Guillermo, 8). Yo tenía 16 años y mi madre, 41. Nos trasladan a un lugar que nunca supimos dónde era y nos depositaron, finalmente, en un patio rodeado de calabozos y un baño“, explicó. “En ese lugar, de aspecto de comisaría o detención, estuvimos seis días, desde el 18 hasta el 23 de febrero. En ningún momento se nos informó de las razones por las cuales habíamos sido detenidos, no se nos permitió comunicarnos con nuestros familiares o se explicó nada que nos pudiera dar alguna explicación de por qué estábamos ahí, en esas circunstancias”, apuntó.
Su madre pudo hablar con la autoridad del lugar y le solicitó que les permitieran viajar a Venezuela, pero esa posibilidad le fue negada, y luego pidió que dejaran ir a los nenes con familiares o amigos que vivían en Buenos Aires. Ésto fue el sexto día de detención ilegítima. Sacaron a la familia en dos autos, los nenes por un lado y ella por otro. A los pequeños los liberaron, atados y vendados, en inmediaciones de la residencia de una familia amiga, de acuerdo al relato de Aldredo, quien consideró que ella había pedido que los dejaran allí. Como era el mayor, le dejaron las cédulas de identidad pero no los pasaportes. Ella no fue liberada.
“A partir de ahí comienza un larguísimo proceso de tratar de ubicar y recuperar a mi madre. Lo primero que sucede es que mi padre, impedido de poder regresar, logra que un sacerdote (Alfonso Naldi) viajara a Argentina y junto a él comenzamos a intentar averiguar el destino y la situación de mi madre, y recuperar todos los pasaportes y pasajes para poder estar listos para viajar a Venezuela”, señaló. Recordó que Jorge Faurié, quien luego fue canciller durante el macrismo, era funcionario y le indicó que no había antecedentes de detención de su madre, mientras que la jueza de menores Ofelia Hejt le dijo que tenía que denunciar que habían sido abandonados por su madre y se había robado los pasaportes para poder viajar solos, por lo que consideró que “más que cómplice, encubridora, constituye su accionar un verdadero acto criminal accesorio a las desapariciones forzadas”. “Es importante solicitar que se viabilicen las investigaciones para determinar las responsabilidades (de los civiles) en base al Código Penal argentino”, pidió. También recordó las trabas interpuestas por funcionarios de Aerolíneas y la Policía Federal.
Tiempo después, reconoció el lugar donde había estado detenido, lo identificó como el Pozo de Quilmes e hizo la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “Nunca supimos más del destino de mi madre a pesar de todas las gestiones y los juicios. Pudimos averiguar que fue vista en la jefatura de Policía de Tucumán en muy malas condiciones físicas y la última noticia es una lista en la cual aparece y al lado del nombre hay un símbolo ´DF´, que significa disposición final. Hasta el día de hoy seguimos en esta lucha por llegar al fondo de la verdad, determinar que fue lo que sucedió y dónde está mi madre“, concluyó.
Renato Forti continuó con el relato de la detención de la familia, en el marco de la audiencia 51. Él tenía 12 años cuando todo sucedió. Juan Martín Nogueira, por parte de la Fiscalía, guió el testimonio a partir de algunas preguntas. Recordó su detención en el Pozo de Quilmes y que conocieron a chicas que estaban detenidas, que eran oriundas de La Plata. “Nos cantaban”, recordó, en sintonía con lo expuesto anteriormente por su hermano, quien consideró que lo hacían para “tranquilizarlos” porque eran chiquitos.
“Estábamos todos juntos, a veces nos dejaban la puerta abierta”, mencionó, y precisó que les daban de comer y tenían acceso a un baño para las “necesidades básicas”, pero no bañarse. También dijo que cuando su madre era sacada de la celda, ellos esperaban “buenas noticias” pero nunca llegaron. El día en que los sacaron del centro de detención y fueron llevados a la zona de Parque Patricios, los dejaron “en la calle, ni siquiera en la vereda” y vieron irse el vehículo que llevaba a su madre. “La gente pasaba, nos veía pero no hacía nada, ni siquiera se asombraba”, mencionó. El mayor estaba maniatado y vendado, los menores sólo con venda.
Finalmente, Guillermo Forti reiteró las condiciones de detención y también hizo hincapié en las detenidas jóvenes, una de las cuales estaba embarazada de seis meses. “Ellas cantaban canciones de Sui Generis”, mencionó, al tiempo que recordó que las conversaciones con su madre estaban cargadas de “ternura y afecto”.
“Con mis hermanos inventábamos juegos con lo que teníamos, mi hermano mayor siempre estaba buscando distraernos”, señaló, y precisó que durante una recorrida por el espacio, hallaron un “elemento que era usado para torturar, conocido como la picana”, algo que también mencionó Alfredo. El tiempo de encierro fue “eterno”, advirtió el hombre que tenía 8 años en ese momento. En los últimos días, estuvieron encerrados en un calabozo y la madre en otro. Su hermano mayor los levantaba por encima de las rejas para que pudieran hacer pis afuera de la celda.
Destacó la “valentía” de Naldi, quien se hizo cargo de los trámites para poder sacar a los chicos del país. “Tengo recuerdos de mucha angustia y mucho miedo de volver a ese aeropuerto por el temor de que pase nuevamente lo que habíamos vivido“, admitió el hombre, que destacó que su hermana Silvana se había sumado a ellos. “Logramos despegar y encontrarnos con nuestro padre en Venezuela”, apuntó.
“Siento un dolor y un vacío que estará siempre, mi madre era muy cariñosa, tierna, amiga… terminé de conocer a mi madre a través de mis hermanos mayores y mi padre. Es un dolor y un vacío que siempre estuvo, siempre existió en la niñez por la esperanza de ver a mi madre llegar”, reflexionó en el cierre de la exposición, aludiendo a la falta de Azucena en su vida y la de sus hermanos. “Pido que este testimonio sea de complemento y ayude a llegar a la verdad y que se haga justicia contra esos represores de la jerarquía que sea, desde el carcelero hasta el responsable directo“, concluyó.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 17 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Antonio Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Es transmitido por La Retaguardia.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.
La audiencia, una vez finalizadas las exposiciones, pasó a un cuarto intermedio hasta el 14 de diciembre (martes). El inicio está pautado, como en las que la anteceden, a las 9. Basilico puso a disposición del Ministerio Público Fiscal la grabación del testimonio de Alfredo Forti Sosa, quien había solicitado que se investigue a los funcionarios que mencionó por su participación en la dictadura.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.
En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.
En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.
El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.
En la audiencia 35 declararon Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos, y su hijo Gervasio Díaz. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió ella. El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. Aún espera poder conocer a su sobrino o sobrina, que debió nacer en febrero o marzo de 1977.
El siguiente martes prestaron testimonio Jorge Barry, hermano del desapareicdo Enrique Barry, y Claudia Congett y Patricia, hijas de Jorge Congett. “Ni siquiera nos dan la tranquilidad de saber dónde están los restos de nuestro padre”, admitió Patricia, quien reclamó que se inestiguen los restos hallados en un sector del cemenerio de Avellaneda.
En la audiencia 37 declararon la hija y la entonces pareja de Ricardo Chidichimo, desaparecido, y el sobreviviente Rubén Ares, quien era policía cuando fue secuestrado y torturado. “Cárcel común y efectiva”, fue el pedido de Cristina del Río, mientras que su hija contó el camino de búsqueda que emprendieron tras su desaparición. “Si el duelo es difícil, no se imaginan un duelo sin cuerpo”, expresó Florencia.
Lautaro y Laura Lafleur, hijos del desaparecido Gustavo Lafleur, y la sobreviviente Patricia Eva Rinderknechet prestaron testimonio en el marco de la audiencia 38 del Juicio Brigadas. “Es muy difícil explicar que alguien desaparece de golpe y no se sabe nada más”, advirtió la hija de Gustavo, quien hizo hincapié en “la ausencia” y la necesidad de saber qué pasó con su papá, cuyos restos no fueron encontrados aún.
En la siguiende audiencia declararon María Cristina Jurado, hermana de una detenida-desaparecida; David Nillni, quien declaró por su pareja Inés María Pedemonte; y un tercer testigo que no fue transmitido. “Cuando una persona es desaparecida forzozamente, es deportada, es trasladada, es igual que lo que hicieron los nazis. Y eso se llama terrorismo de Estado”, advirtió el hombre, quien aclaró que “pasaron 45 años de este hecho, pero la herida no está cerrada”.
En la audiencia 40 declararon Oscar Ernesto Solís, sobreviviente al genocidio, y Luis Fernando Peredes, testigo por Jorge Mendoza Calderón. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, admitió Solís, quien estuvo detenido junto a su hermano, Alberto Mario, en la Brigada de Lanús.
Silvia y Claudia Gorban declararon en la siguiente jornada, ambas estuvieron secuestradas en El Infierno de Avellaneda, y relataron su paso por el centro clandestino de detención. “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que por ser judía mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy les pido a mis hijos y sobrinos que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, expresó Claudia al solicitar el certificado al tribunal.
En la audiencia 42 declararon Silvia Caveccia, por la desaparición de Miguel Ángel Calvo; Yamil Robert y Norberto Borzi, hermanos de desaparecidos. “Camps, Etchecolatz y Bergés fueron a la casa, se querían llevar a los chicos”, recordó el hermano de Oscar Isidro Borzi. El cuerpo de Norma Robert fue hallado, con un tiro en la cabeza, en una fosa común del cementerio de San Martín.
Luego fue el turno de los hermanos Juan Domingo Díaz, Juan Antonio, Bonifacia del Carmen y Víctor Hugo, quien era miembros de Montoneros, escapó del Regimiento de La Tablada y sobrevivió a un enfrentamiento con militares. “La resistencia se vivió en dos planos, los que estábamos organizados en una agrupación política y la resistencia familiar”, expresó.
La jornada 44 contó con el testimonio de dos hermanos de detenidos desaparecidos. Luis Ángel Pérez, hermano de Héctor Pérez, cuyos restos fueron identificados en 2009, advirtió: “No hay palabras para decir que a uno le roban a su hermano o a su hijo”. Martín Carriquiriborde, hermano de Gabriela, quien fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976 junto a su pareja Jorge Orlando Repetur, señaló que siguen buscando al niño o niña que debió nacer en diciembre de ese año. “Estamos siempre expectantes de poder encontrarlo”, precisó.
En las dos siguientes audiencias declaró Ernesto Borzi, hijo de Oscar Isidro Borzi. En la primera, relató el momento en que los represores Jorge Antonio Berges, Ramón Camps y Miguel Etchecolatz discutían porque querían llevarse a los tres hermanitos. Él tenía 7 años; Luis Alejandro, 6 y Juan Manuel, 3. El mismo testimonio brindó su tío Norberto Borzi tres audiencias atrás. En la segunda, reclamó que se realicen más audiencias por semana para que los represores no mueran impunes, luego de que se conociera la muerte de Ferreyro.
La audiencia 47 fue unificada con el Juicio Garachico y declararon Víctor López Muntaner, hermano de uno de los detenidos en La Noche de los Lápices, y Walter Docters, quien ya había prestado testimonio en este juicio. En la jornada 48, en tanto, expusieron los otros dos hijos de Oscar Borzi, Juan Manuel y Luis.
En la jornada siguiente declararon Horacio Matoso y Hugo Marini, ambos sobrevivientes. Matoso estuvo en El Infierno y recordó las torturas sufridas por otros detenidos, como quemaduras con soplete y clavos en las uñas de los pies. Marini declaró por Liliana Ross, quien estaba embarazada de cuatro meses cuando fue chupada y estuvo detenida en El Pozo de Banfield. Su embarazo no llegó a término porque fue asesinada.
La audiencia 50 contó con testimonios de familiares de Juan Carlos Abachian, conocido como El Armenio. Mercedes Loyarte era su pareja al momento de la detención, tuvo que huir del país junto a su beba y advirtió que “el exilio es un desarraigo enorme”. Rosario tenía 8 meses cuando su papá fue desaparecido y agradeció que “se esté haciendo justicia”, mientras que la hermana de Juan Carlos, Marta Susana, advirtió que aún hoy no saben qué pasó con él.
En la audiencia siguiente declararon Alfredo, Renato y Guillermo Forti, hijos de Nélida Azucena Sosa de Forti, quien se encuentra desaparecida. Ella y sus cinco hijos fueron secuestrados cuando estaban en un avión a punto de despegar con destino a Venezuela. Estuvieron seis días detenidos en el Pozo de Quilmes y fueron liberados, pero su madre fue trasladada a otro centro clandestino de detención, en Tucumán. Alfredo reclamó que se juzguen a los civiles que tienen responsabilidades.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. Se ubica en 12 de Octubre 234.
