Juicio Brigadas: Declararon dos hermanas que estuvieron secuestradas en El Infierno

Silvia y Claudia Gorban relataron el secuestro y su cautiverio en el centro clandestino de detención y exterminio de Avellaneda. Su madre, Norma, fue secuestrada tiempo después.

Foto: Comisión Provincial por la Memoria.

“Es el Día de la Primavera, primavera que les fue arrebatada a tantos jóvenes, y el Día de la Paz”, recordó Claudia Gorban al cerrar su testimonio ante el Tribunao Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. Declaró, al igual que su hermana Silvia, en el Juicio Brigadas, en el que son juzgados 18 represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio del sur del Conurbano, conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda, donde estuvieron cautivas.

El Tribunal, que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. El juicio es transmitido por La Retaguardia.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

La primera en prestar declaración en la audiencia 41 fue Silvia Gorban, sobreviviente del genocidio. Ella estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 junto a su esposo Osvaldo Enrique Lapertosa. Tenían un hijo de 2 años, que fue entregado por una empleada doméstica a la familia de ella. Relató el momento del secuestro, siempre a la madrugada y con violencia, y su paso por el centro clandestino de detención, donde permaneció dos días.

El interrogatorio no incluyó tormentos, pero sí el de su compañero, fallecido en 2012. Le preguntaban por su hermana, Claudia, y Ramón Lucio “Moncho” Pérez. Ella pasó las direcciones, el hombre había sido secuestrado unos días antes y a su hermana la secuestraron esa misma noche. Compartió el calabozo con su pareja y al día siguiente fueron liberados, a dos cuadras de su casa. “En esas condiciones, orinados, cagados, mi esposo golpeado, volvimos al hogar. mi hijo no estaba, los vecinos no nos abrían, el temor era muy grande”, comentó la mujer ante el Tribunal.

Claudia, su hermana, fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 en Lomas de Zamora, era militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y empleada en la oficina comercial de la Embajada de Cuba. También fue trasladada El Infierno. Hizo un repaso de sus días en el centro y remarcó que no fue torturada, cosa que le extrañaba hasta a los mismos compañeros de encierro. “Vos tuviste suerte, hay gente muy importante que preguntó por vos”, le dijo uno de los guardias en vísperas de su liberación, que ocurrió a los pocos días, a dos cuadras de su casa. Ella cree que el contacto con empresarios fue el que impulsó su liberación.

“Quiero agradecer a los organismos de derechos humanos, a todos los que han hecho posible que nosotros estemos hoy acá, y en particular hoy que además es el Día de la Primavera, primavera que les fue arrebatada a tantos jóvenes, y también es el Día Internacional de la Paz. Quiero agradecer y abrazar especialmente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en particular a Norma Musso, porque han sido ejemplo de que se puede llegar con paz a estos juicios que siempre soñamos”, dijo con emoción.

Recordó que en su adolescencia, su padre le dijo: “Nunca te olvides que sos judía y que por ser judíos mis bisabuelos murieron en los campos de concentración nazis”. “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que por ser judía mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy les pido a mis hijos y sobrinos que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina, por eso quiero darle este testimonio”, apuntó, al solicitar el certificado de declaración en el juicio.

Ambas mujeres recordaron que su madre, Myriam Gorban también fue secuestrada en enero de 1978, en el hospital Güemes donde trabajaba como nutricionista.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. 

En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.

También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.

En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).

En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.

En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.

En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.

En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.

El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.

La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.

La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.

El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.

La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.

Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.

“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.

En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.

En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.

El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.

En la audiencia 35 declararon Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos, y su hijo Gervasio Díaz. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió ella. El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. Aún espera poder conocer a su sobrino o sobrina, que debió nacer en febrero o marzo de 1977.

El siguiente martes prestaron testimonio Jorge Barry, hermano del desapareicdo Enrique Barry, y Claudia Congett y Patricia, hijas de Jorge Congett. “Ni siquiera nos dan la tranquilidad de saber dónde están los restos de nuestro padre”, admitió Patricia, quien reclamó que se inestiguen los restos hallados en un sector del cemenerio de Avellaneda.

En la audiencia 37 declararon la hija y la entonces pareja de Ricardo Chidichimo, desaparecido, y el sobreviviente Rubén Ares, quien era policía cuando fue secuestrado y torturado. “Cárcel común y efectiva”, fue el pedido de Cristina del Río, mientras que su hija contó el camino de búsqueda que emprendieron tras su desaparición. “Si el duelo es difícil, no se imaginan un duelo sin cuerpo”, expresó Florencia.

Lautaro y Laura Lafleur, hijos del desaparecido Gustavo Lafleur, y la sobreviviente Patricia Eva Rinderknechet prestaron testimonio en el marco de la audiencia 38 del Juicio Brigadas. “Es muy difícil explicar que alguien desaparece de golpe y no se sabe nada más”, advirtió la hija de Gustavo, quien hizo hincapié en “la ausencia” y la necesidad de saber qué pasó con su papá, cuyos restos no fueron encontrados aún.

En la siguiende audiencia declararon María Cristina Jurado, hermana de una detenida-desaparecida; David Nillni, quien declaró por su pareja Inés María Pedemonte; y un tercer testigo que no fue transmitido. “Cuando una persona es desaparecida forzozamente, es deportada, es trasladada, es igual que lo que hicieron los nazis. Y eso se llama terrorismo de Estado”, advirtió el hombre, quien aclaró que “pasaron 45 años de este hecho, pero la herida no está cerrada”.

En la audiencia 40 declararon Oscar Ernesto Solís, sobreviviente al genocidio, y Luis Fernando Peredes, testigo por Jorge Mendoza Calderón. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, admitió Solís, quien estuvo detenido junto a su hermano, Alberto Mario, en la Brigada de Lanús.

Silvia y Claudia Gorban declaracion en la siguiente jornada, ambas estuvieron secuestradas en El Infierno de Avellaneda, y relataron su paso por el centro clandestino de detención. “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que por ser judía mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy les pido a mis hijos y sobrinos que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, expresó Claudia al solicitar el certificado al tribunal.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. Se ubica en 12 de Octubre 234.