La gestión del intendente de Lanús, Julián Álvarez, sufrió tras un lapidario fallo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires que detectó irregularidades por más de $52 millones en concepto de gasto de combustible para patrulleros y vehículos municipales que no cuentan con ningún tipo de respaldo documental.
La resolución no solo pone en duda el manejo administrativo del municipio, sino que también aplicó sanciones económicas directas contra funcionarios clave del gabinete local: el secretario de Seguridad, Sebastián Castillo, y el director general de Compras, Fernando Stamilla.
Según se desprende del expediente, la observación central radica en la existencia de órdenes de pago millonarias que carecen de la documentación básica exigida por la normativa vigente. El Tribunal señaló que no hay constancia de qué móviles policiales o municipales realizaron las cargas; no figuran los agentes que autorizaron los consumos, y tampoco hubo controles internos que permitieran verificar que la nafta se utilizó efectivamente para tareas de patrullaje o servicio público.
Para el organismo, esto representa una violación directa a las normas de administración pública. Además, el fallo advierte que el monto de $52.124.000 podría ser apenas una parte de un perjuicio mayor, ya que existen otras órdenes de pago con inconsistencias similares que aún están bajo la lupa.
La defensa del municipio intentó justificar las irregularidades bajo el paraguas de una “emergencia”, argumento que fue tajantemente rechazado por la justicia contable. El fallo sostiene que no existieron fundamentos válidos para saltearse los mecanismos legales de transparencia.
Como consecuencia, se sancionó al secretario de Seguridad, Sebastián Castillo, con una multa de $300.000 y al director de Compras, Fernando Stamilla, con otra pero de $350.000.
El golpe para Álvarez es doble porque mientras, por un lado, afecta directamente a la Seguridad, el área más sensible para los vecinos de Lanús; por el otro, la denuncia no proviene de la oposición política, sino de un órgano institucional técnico, lo que le otorga una gravedad institucional mucho mayor.
La imposibilidad de vincular el gasto con vehículos concretos abre un interrogante que preocupa en los pasillos de la municipalidad pues no la falta de pruebas sobre el destino final de los fondos deja bajo sospecha no solo a los funcionarios sancionados, sino a todo el sistema de auditoría interna de la actual gestión.
Si bien las multas económicas parecen menores frente a los montos observados, el peso del fallo podría ser el puntapié inicial para denuncias penales por malversación de fondos públicos o pedidos de informes masivos en el Concejo Deliberante. En un contexto de ajuste y reclamo de transparencia, el “caso de la nafta” promete escalar en la agenda política bonaerense durante los próximos días.
