Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 decomisar más de 140 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la expresidente cumple prisión domiciliaria.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron.
En ese sentido, argumentaron: “Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.
A los bienes que el Ministerio Público Fiscal había solicitado en noviembre (84 de Lázaro Báez; 1 de Cristina Fernández; 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito; 2 de Austral Construcciones SA, 3 de Kank y Costilla SA y 2 de Loscalzo y Del Curto SRL), se suman estos 141 nuevos y alcanzan un total de 252 inmuebles.
Dentro del pedido, hay 13 bienes inmuebles vinculados a Los Sauces SRL y Hotesur SA, entre ellos, el departamento porteño ubicado en San José 1111, que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015 y en donde cumple la condena la exmandataria.
Otro de los bienes solicitados es el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.
En cuanto a las propiedades de Báez, reclamaron tres inmuebles en Ayres de Pilar, uno de los barrios privados más selectos de la provincia de Buenos Aires, y cinco casas en Pinamar.
Hay un pasaje muy crítico en el que Luciani y Mola insisten con que los condenados cumplan con lo requerido en el fallo: “Muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
“La situación descripta obliga a esta representación del Ministerio Público Fiscal a seguir trabajando incansablemente, con perseverancia y tenacidad, para alcanzar las metas propuestas, superar los obstáculos que se interponen y activar todos los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes, el dinero y otros activos que se identifiquen, de acuerdo con los parámetros que fijó el tribunal, hasta cubrir la suma de la defraudación”, remarcaron.
Y concluyeron: “Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos. En especial, de la gran corrupción”.
