La Justicia le concedió este martes la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión. De esta forma, recuperaría este miércoles su libertad.
Fuentes judiciales informaron que por el voto de los jueces Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, Boudou quedaría libre con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de pulsera electrónica.
En agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de Capital Federal encontró penalmente responsable al ex vicepresidente Amado Boudou de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. “Hay revancha de clase y una cuestión de aleccionar. Que nadie se atreva a intentar cambiar las cosas. Los políticos que caminan por el jardín que los poderosos deciden, caminan sin problemas. Los que quieren cambiar la realidad, son perseguidos de forma mediática y judicial”, fustigó al pronunciar sus últimas palabras.
En el mismo juicio, el empresario José María Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por ser “partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. También ordenaron su detención.
El ex dueño de la empresa, Nicolás Ciccone, fue hallado penalmente responsable por “cohecho activo” y condenado a cuatro años y seis meses de prisión.
El presidente de The Old Fund, Alejandro Vanderbroele, fue hallado penalmente responsable de ser “partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” y condenado a dos años de prisión, en suspenso. Deberá realizar tareas comunitarias durante tres años, a razón de 40 horas mensuales.
El ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner fue considerado “partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública” y condenado a tres años de prisión en suspenso. También debe realizar tareas comunitarias.
El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri fue condenado a dos años de prisión en suspenso por ser “partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública”. Tiene que realizar tareas comunitarias por tres años.