La Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires y el Foro Profesional Inmobiliario anunciaron que el índice de locación que actualiza anualmente los contratos de alquiler indica que desde abril habrá que aplicar una suba del 53,65 por ciento para los contratos firmados en igual mes pero de 2021.
Este formato de actualización es establecido por la ley 27.551 y prentede regular un mercado cuyos valores no tienen techo a la vista y generan preocupación en sus actores, especialmente desde octubre pasado mes luego del cual los índices de aumento no bajan del 50 por ciento lo que impacta muy fuerte en el pago de los alquileres.
La fórmula que combina suba inflacionaria y aumentos salariales se tornó asfixiante para los inquilinos mientras que los propietarios se ven frente a una de las tasas de rentabilidad entre las más bajas de la historia.
Por su parte, el Ejecutivo nacional abrió una mesa de diálogo tras cuyo último encuentro, la Secretaría de Comercio Interior anunció que consultará “a los organismos pertinentes del Estado -principalmente la AFIP- sobre la posibilidad de desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa”.
Divergencias en los representantes de las inmobiliarias y los inquilinos
Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) plantearon que los puntos que generaron desequilibrios entre las partes son los relativos al plazo mínimo legal de alquileres para lo cual proponene retornar al plazo mínimo de dos años, al tiempo que consideraron que actualizar el alquiler en forma semestral podría contribuir a la estabilización de los valores iniciales al evitar “lo imprevisible de los indicadores de los últimos períodos”.
“El camino para el aumento de oferta locativa es el impulso e incentivos a la adquisición, construcción, refacciones y acondicionamiento de inmuebles, para que los mismos sean volcados al mercado de alquileres de viviendas, de esta manera generando una mayor competitividad de precios y aumento de oferta”, sostuvieron desde FIRA.
En tanto que desde algunas asociaciones de inquilinos plantearon la creación del impuesto a la vivienda ociosa y regulación por parte del Estado del precio inicial de locación, una propuesta realizada en el encuentro del que participaron el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, junto a la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, y al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.
“El alquiler es un tema esencial, por eso constituimos esta mesa. Nosotros tenemos la obligación de aplicar políticas regulatorias y políticas de consensos. Es la tarea del Estado acercar las leyes a la ciudadanía. Desde la Secretaría buscamos proteger al inquilino en el marco de la ley vigente y aumentar la oferta de viviendas en alquiler”, aseguró Feletti tras el encuentro.
En esa línea, se acordó en continuar realizando encuentros en el marco de la Mesa de Alquileres para consensuar soluciones que logren avanzar en torno a los siguientes ejes: transparentar la oferta de los alquileres; monitorear la publicidad engañosa; construir herramientas que prevengan abusos en pagos y condiciones; buscar soluciones acordadas que permitan incentivar el crecimiento de la oferta; y mejorar la situación de las y los inquilinos.
También se refirió a “la preocupación que genera la escasa oferta en el mercado de propiedades en alquiler y el aumento de la cantidad de viviendas ociosas”.
“Nos opusimos contundentemente a la posibilidad de un impuesto a la vivienda ociosa, pretendida por las asociaciones de inquilinos agrupados, con una postura radical e intransigente que hace imposible avanzar en acuerdos con soluciones integrales y equitativas para todos los sectores”, aseguraron desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci).
En tanto, la Federación de Inquilinos Nacional señaló que en la reunión “no hubo acuerdo entre el mercado inmobiliario y la Federación de inquilinos sobre la modificación de la ley de alquileres y destacó que se planteó “el control del cumplimiento de la ley a través de Defensa del Consumidor”.
