La renuncia de José Luis Espert a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, quedó formalizada tras la presentación de su dimisión al presidente Javier Milei, quien la aceptó. El paso al costado se produjo luego de que tomaran fuerza acusaciones que revelaron un pago de USD 200 mil atribuido al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y otros delitos. El economista comunicó su decisión y defendió su posición en la red social X. Desde la Casa Rosada, el Presidente respaldó la baja como parte de una estrategia para evitar que el conflicto afectara la agenda oficial.
“Sin fueros ni privilegios”, aseguró Espert, al anticipar que demostraría su inocencia en la Justicia. En paralelo, Milei sostuvo que “el proceso de cambio profundo” era lo único relevante y advirtió que no permitiría que “una operación maliciosa lo ponga en riesgo”. Con esa definición, el mandatario avaló el desenlace institucional y despejó dudas sobre la continuidad de la candidatura. La decisión, según señalaron en el oficialismo, apuntó a cortar el avance de la controversia.
La salida también respondió a recomendaciones surgidas de distintas líneas internas del Gobierno que promovieron tomar distancia del escándalo. En ese marco, el expresidente Mauricio Macri se reunió con Milei y le transmitió su preocupación, sugiriendo la baja de Espert como mecanismo de control de daños. El exmandatario recordó el antecedente de Fernando Niembro en 2015, cuando una medida similar buscó limitar el impacto electoral de denuncias mediáticas. El diagnóstico fue compartido por el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y por el estratega de comunicación Santiago Caputo.
La trama del pago y las causas abiertas
El caso sumó tensión a partir de la publicación del periodista Hugo Alconada Mon, quien difundió un documento que, según describió, prueba la transferencia directa de USD 200 mil desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo —vinculada a Machado— hacia Espert. El movimiento figuró, de acuerdo con ese material, en registros contables del Bank of America. La difusión del documento reforzó los pedidos de explicaciones y aceleró los tiempos políticos. En ese contexto, el economista se mantuvo en la línea de negar irregularidades.
El giro de fondos ocurrió el 22 de enero de 2020 y, según la misma información, fue incorporado como prueba en un juicio penal en el estado de Texas, Estados Unidos. Ese dato elevó el perfil internacional de la causa y agregó documentación a los expedientes que rozaron la actividad del dirigente. La fecha y el circuito financiero se volvieron elementos centrales del debate público. A partir de allí, crecieron las demandas para que el involucrado aportara descargos más precisos.
En paralelo, en la Argentina existió una investigación en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi por presunto lavado de dinero en la campaña presidencial de 2019. Ese expediente registró cinco viajes en avión que Espert habría compartido con Machado, lo que contradijo su declaración pública de haber viajado solo “una vez” con el empresario señalado. La divergencia entre la documentación y el testimonio reavivó cuestionamientos sobre su versión de los hechos. La causa, además, ordenó nuevas medidas para reconstruir la secuencia de los vínculos.
El impacto político de las revelaciones también alcanzó a la comunicación del Gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que Espert estaba obligado a brindar más explicaciones por la falta de contundencia de sus respuestas sobre la recepción del dinero. La exposición pública del caso, sumada a la presión de aliados y opositores, volvió insostenible la continuidad de la candidatura. Así, el oficialismo buscó clausurar el frente de conflicto en plena disputa por la agenda económica. La salida permitió reordenar las prioridades del espacio.
La renuncia de Espert dejó abiertos, no obstante, varios frentes. Por un lado, persiste la discusión sobre el origen y el destino de los USD 200 mil y el alcance de la operatoria atribuida a Minas del Pueblo. Por otro, quedaron pendientes las aclaraciones judiciales sobre los viajes y las eventuales responsabilidades derivadas de la campaña de 2019. En el plano político, la pregunta se concentró en cómo reconfiguraría LLA su armado bonaerense tras la baja. El desarrollo de las causas y las respuestas documentadas marcarán el ritmo de esa transición.
