El Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Ley de Financiamiento Universitario, pero tal como hizo con la Emergencia en Discapacidad, la suspendió. De esta manera, cumple con sus obligaciones pero no ejecutará la iniciativa.
En este caso, se repite lo ya hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad; es decir, fue promulgada pero suspendida hasta tanto se defina de dónde saldrá el dinero para garantizar el financiamiento de las casas de altos estudios.
“Al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias”, señala el texto.
Y aclara que “un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.
Así es que define la suspensión: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Los gremios que nuclean a docentes y nodocentes de las universidades realizan este martes un paro de 24 horas, pero se espera una profundización de las medidas de fuerza a partir de la publicación de la Ley con su consecuente suspensión.
