La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) responsabilizó al Gobierno por el desfinanciamiento de la educación público y aclaró que la última medición responde a estudiantes que comenzaron su recorrido en 2016; es decir, no fue durante el kirchnerismo.
“Desde la CTERA hemos manifestado en reiteradas oportunidades que las pruebas PISA no resultan ser un aporte significativo para comprender la complejidad de los Sistemas Educativos, del trabajo docente, ni de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Incluso, hemos venido denunciando el uso mediático que los neoliberales le dan a dichos resultados con el solo objetivo de atacar a la educación pública”, señala.
Y apunta: “Una nueva prueba de ello es que, ni bien se conocieron los resultados de las Pruebas estandarizadas PISA 2025, el responsable de la cartera educativa, Carlos Torrendell, salió inmediatamente a responsabilizar a las políticas educativas de ´las gestiones anteriores´, sin siquiera mencionar las graves consecuencias sobre el sistema educativo que tiene el brutal ajuste del presupuesto que actualmente lleva adelante el Gobierno encabezado por Javier Milei“.
Al respecto, la especialista en evaluación educativa del Instituto Marina Vilte de CTERA, Liliana Pascual, aclara que los resultados obtenidos por Argentina en PISA 2025 se inscriben en una tendencia global, que también afecta a gran parte de los países de América Latina.
Y agrega: “en el caso puntual de nuestro país, que estos resultados reflejan los aprendizajes construidos en los últimos 8 años de escolaridad (primaria completa y tres años de secundario), lo que contempla el recorrido de las y los estudiantes desde 2016 y no desde 2013 como intenta instalar la versión oficial“. “En ese sentido, las políticas educativas aplicadas por ´las gestiones anteriores´, corresponderían al gobierno de Macri, a la pandemia y al gobierno de Milei”, apunta.
Considerando a la pandemia, como un período de excepcionalidad, “tanto el gobierno de Macri como el de Milei se caracterizaron por el desfinanciamiento de la educación“. En el primer caso, gobierno de Macri, el presupuesto en educación disminuyó un 35%. En cuanto al gobierno de Milei, en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el valor más bajo de los últimos veinte años (0,75% Nación y 3,25% provincias). “A nivel nacional, el presupuesto educativo se redujo casi 50% en los últimos dos años, y el gobierno suspendió el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso del 6% del PBI”, detalla la CTERA.
“Desde CTERA denunciamos que no se puede ignorar en los análisis el desfinanciamiento que impone el gobierno ya que la situación presupuestaria constituye una dimensión fundamental del contexto en el que se desarrolla la escolarización“, sostiene la central, al tiempo que señala que “la educación requiere recursos materiales, infraestructura, formación docente, salarios adecuados, acompañamiento pedagógico, materiales didácticos, conectividad y políticas de inclusión capaces de sostener las trayectorias escolares”.
En este marco, advierte que “indefectiblemente, una reducción sostenida del financiamiento educativo, afecta las condiciones bajo las cuales se producen los aprendizajes”. “Desde esta perspectiva, los resultados de PISA deben ser interpretados como indicadores de un sistema que necesita fortalecer sus capacidades institucionales, no como una evaluación exclusivamente del desempeño individual de las y los alumnos”, apunta.
Por otro lado, plantea que “desde una perspectiva de derechos, los resultados de PISA 2025 pueden interpretarse como una advertencia sobre la capacidad del Estado actual para garantizar una educación de calidad para todos. El desafío de la política educativa consiste, precisamente, en ampliar esas posibilidades para todos”.
“Por todo esto, desde CTERA manifestamos que la mejora de los aprendizajes no se logra con más ajuste, sino con una política educativa de largo plazo que articule financiamiento suficiente, fortalecimiento de la escuela pública, condiciones dignas para el trabajo docente, formación profesional, acompañamiento de las trayectorias estudiantiles y con políticas económicas y sociales destinadas a reducir las desigualdades que atraviesan tanto a la sociedad como a la experiencia escolar”, cierra.
