El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, informó que el próximo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se establecerá por decreto, luego de que fracasara la negociación entre las centrales sindicales y las cámaras empresarias en el Consejo del Salario. Hasta el momento, el monto definitivo aún no fue confirmado, pero la decisión de avanzar de manera unilateral ya generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones de trabajadores.
Desde el Ejecutivo señalaron que la falta de consenso entre los distintos sectores obligó a trasladar la definición a una resolución gubernamental. Para los sindicatos, en cambio, la medida ratifica la alineación del Gobierno con el sector empresarial y anticipa que el futuro salario mínimo continuará “muy por debajo de la línea de indigencia”.
Propuestas enfrentadas en la mesa de negociación
Durante la reunión del Consejo del Salario quedaron expuestas posiciones muy distantes. Las CGT y CTA plantearon llevar el SMVM a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma propuso un valor de $736.000, al que definió como un monto “por encima de la línea de indigencia” y más cercano al costo de la Canasta Básica Total.
El sector empresario —que incluye a entidades como la UIA y CAME, entre otras— impulsó una propuesta sensiblemente menor: $326.000 de manera inmediata y $349.000 desde abril de 2026. La distancia entre esos números impidió la firma de un acuerdo tripartito y abrió el camino para la decisión por decreto.
Críticas sindicales y acusaciones al Ejecutivo
Las centrales obreras interpretan la movida oficial como una forma de bloquear cualquier mejora sustantiva del ingreso mínimo. Según señalaron, el Gobierno habría utilizado la falta de consenso como argumento para terminar fijando un valor cercano a la pauta empresarial, priorizando la contención de costos laborales por sobre la recuperación del poder adquisitivo.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, sostuvo que la decisión se inscribe en “un acuerdo con las cúpulas empresariales” y acusó al Ejecutivo de actuar con el “despotismo” que, a su entender, caracterizó su política laboral. Las organizaciones denuncian que esta estrategia condena a trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales a ingresos que no cubren necesidades básicas.
Movilización y reclamo por un salario ligado a la canasta básica
En paralelo a la reunión del Consejo del Salario, las dos CTA y diversas organizaciones sociales realizaron una movilización para exigir que el SMVM se equipare al costo de la Canasta Básica Total, es decir, a la línea de pobreza. Los manifestantes advirtieron que un salario mínimo por debajo de ese umbral profundiza la desigualdad social y la precariedad laboral.
A la espera de que se conozca el decreto que fijará el nuevo monto, los sindicatos anticiparon que mantendrán el plan de lucha y las acciones de presión política para intentar modificar la decisión oficial. Mientras tanto, el resultado de la discusión sobre el salario mínimo se perfila como un nuevo foco de tensión entre el Gobierno, el movimiento obrero y las organizaciones sociales.
