La provincia de Buenos Aires registró durante 2025 un total de 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género, una cifra que representó el 14,1% del total de causas penales iniciadas en el territorio bonaerense. El dato expone la magnitud de una problemática que sigue ocupando un lugar central en el sistema judicial y que, lejos de mostrar un retroceso, mantiene un volumen sostenido de expedientes, víctimas y hechos de extrema gravedad.
De acuerdo con las estadísticas presentadas, los departamentos judiciales con mayor cantidad de causas fueron San Martín, con 23.483, y Lomas de Zamora, con 19.304. En el otro extremo quedaron Necochea, con 1.006, y Pergamino, con 1.829. La distribución territorial muestra diferencias entre jurisdicciones, aunque el fenómeno atraviesa a toda la provincia y tiene presencia en cada uno de los mapas judiciales.
El universo relevado alcanzó a 147.902 víctimas, de las cuales el 73,9% son mujeres. A su vez, en el 88% de los casos en los que las víctimas fueron mujeres, los imputados resultaron ser varones. La composición de los expedientes reafirma un patrón persistente en las violencias denunciadas: la enorme mayoría de las agresiones se inscribe en relaciones asimétricas atravesadas por el género.
Procesos penales por violencia familiar y de género en la provincia
Análisis estadístico de las 146.046 causas iniciadas durante el año 2025.
Amenazas, lesiones y desobediencias, entre los delitos más frecuentes
La tipología de los procesos iniciados muestra que las amenazas encabezan el listado con el 27,7% de los casos. Le siguen las lesiones, con el 24,5%, y la desobediencia de medidas judiciales, como incumplimientos de restricciones o perimetrales, con el 12,3%. Más atrás aparecen el abuso sexual, con el 7,8%, y el daño, con el 5,5%.
El peso de la desobediencia judicial aparece como uno de los datos más sensibles del relevamiento, porque remite a situaciones en las que ya existía una intervención previa de la Justicia o medidas de protección vigentes. Ese cuadro suma un elemento de alerta sobre la eficacia real de los mecanismos institucionales de resguardo en contextos de riesgo.
Los datos surgen del REVIFAG, el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, y la metodología contempla las muertes violentas de mujeres, mujeres trans y travestis a partir de indicadores de género, más allá de la calificación jurídica inicial del expediente.
Femicidios: 78 víctimas fatales y una marca de más de 1.000 casos en diez años
En ese escenario, durante 2025 se contabilizaron 74 procesos por femicidio con 78 víctimas fatales, una cifra equivalente al 60,5% de los homicidios de mujeres registrados en la provincia. La tasa anual se ubicó en 0,88 víctimas cada 100.000 mujeres, mientras que el acumulado entre 2015 y 2025 llegó a 1.010 víctimas, superando la barrera de las mil muertes en la última década.
La información revela además que el 85,9% de los femicidios ocurrió dentro de una vivienda, lo que vuelve a ubicar al espacio doméstico como el principal escenario de riesgo. En cuanto a los métodos utilizados, predominó la fuerza física en el 35,9% de los casos y el uso de armas de fuego en el 23,1%.
Más del 90% de las víctimas conocía a su agresor y en el 64% de los casos existía o había existido una relación de pareja o ex pareja. El dato confirma que la violencia extrema se produce mayormente en el círculo íntimo y no en hechos aislados o cometidos por desconocidos.
El impacto de la violencia extrema en la década
De ese total, 78 femicidios se registraron durante el año 2025.
(46 son menores de edad)
El hogar como principal escenario de riesgo
Vínculo de la víctima con el agresor (datos 2025)
Denuncias previas, huérfanos y un impacto que excede a las víctimas directas
El perfil etario muestra que el 55,1% de las víctimas y el 58% de los imputados tenían entre 18 y 40 años, una franja que concentra buena parte de los casos más graves. Además, el relevamiento indicó que el 15,4% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor, lo que equivale a 12 casos con antecedentes formales de violencia.
Ese punto vuelve a poner bajo la lupa las fallas en la protección efectiva de las víctimas, especialmente cuando ya existían intervenciones previas del sistema judicial o denuncias activadas. A eso se suma que en 13 casos el agresor se suicidó inmediatamente después del crimen, un dato que complejiza todavía más la reconstrucción judicial y el impacto social de estos hechos.
Las consecuencias también alcanzaron de manera directa a los entornos familiares. En 2025, al menos 83 hijos e hijas perdieron a sus madres por femicidios en la provincia, y de ese total 46 son menores de edad. La estadística no solo mide causas, víctimas y agresores: también deja expuesta una trama de daños persistentes que se proyecta mucho más allá de cada expediente penal.
