La discusión sobre el uso de celulares en las cárceles bonaerenses volvió a instalarse en la Legislatura provincial con una serie de proyectos impulsados tanto por el oficialismo como por distintos bloques de la oposición. El eje común de las iniciativas es restringir o prohibir la tenencia de teléfonos móviles en las unidades penitenciarias para impedir que desde allí se organicen estafas, extorsiones y secuestros virtuales.
En ese marco, una de las propuestas fue presentada por la senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, quien planteó prohibir la tenencia y el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El proyecto contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios, además de controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la legisladora al presentar la iniciativa. El texto también prevé que las personas privadas de libertad no puedan poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, aunque incorpora sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados. Además, fija un plazo máximo de 180 días para instalar mecanismos de inhibición de señal en las unidades penitenciarias.
Oficialismo y oposición coinciden en endurecer controles
La avanzada para limitar los celulares en las cárceles no se restringe al oficialismo. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó el proyecto denominado “ley Rodrigo”, que también busca prohibir el uso de teléfonos móviles en los penales bonaerenses. La iniciativa fue impulsada en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica que, según la investigación judicial encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.
El proyecto de Liberman propone dejar sin efecto el protocolo que habilitó el uso de celulares durante la pandemia y establecer que los detenidos sólo puedan comunicarse mediante teléfonos controlados por el Servicio Penitenciario, con un límite de dos horas diarias y un listado de hasta cinco contactos autorizados. También incorpora la instalación de inhibidores de señal, controles tecnológicos para detectar aparatos y requisas periódicas. A eso se suma un procedimiento para que los internos entreguen sus teléfonos en un plazo determinado: los equipos podrán ser retirados por familiares luego de seis meses o, si no están registrados, serán destruidos en un acto público.
En paralelo, otros sectores de la oposición avanzaron con iniciativas en la misma dirección. El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares en las unidades penitenciarias e instalar inhibidores de señal.
En la misma línea, en 2023 la entonces diputada de la Unión Cívica Radical, Nazarena Mesías, había impulsado una propuesta para modificar la Ley de Ejecución Penal bonaerense con el objetivo de restringir dispositivos móviles que permitan comunicaciones a través de aplicaciones.
Hasta el momento, ninguna de las iniciativas logró el consenso suficiente para avanzar dentro de la cámara baja bonaerense.
