Santiago Caputo cuestionó las pensiones por invalidez y aseguró que aproximadamente el 60% de los beneficios serían irregulares. El asesor presidencial publicó sus declaraciones este viernes en la red social X, donde apuntó contra el presunto uso político de los certificados de discapacidad y sostuvo que se habrían otorgado prestaciones a familiares, amigos y conocidos de dirigentes.
“Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, expresó Caputo. En ese sentido, afirmó que el Gobierno nacional busca dar de baja las pensiones que considera irregulares y cuestionó al Congreso por impulsar una ampliación de los beneficios existentes.
El funcionario también comparó la cantidad de pensiones por invalidez que tiene Argentina con la de países que atravesaron conflictos bélicos. Según planteó, la existencia de beneficios fraudulentos afecta los recursos disponibles para las personas con discapacidad que realmente necesitan asistencia. En ese marco, calificó el sistema como una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años.
Las declaraciones se conocieron luego de que el Gobierno remitiera al Congreso un proyecto de ley contra el fraude en las pensiones por invalidez laboral, que propone mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades. Además, el debate se desarrolla en medio de la denuncia vinculada a Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, por un certificado de discapacidad emitido en 2018. La cifra del 60% mencionada por Caputo corresponde a una afirmación del asesor presidencial y no constituye, por sí sola, una estadística verificada sobre el total de beneficiarios.
