Durante las protestas de ayer, ocho personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad de Bolivia y asciende a 13 el número de víctimas fatales. La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez liberó a los efectivos de la responsabilidad penal.
Una marcha de campesinos e indígenas que se movilizaban contra el Golpe de Estado en Bolivia finalizó con una feroz represión que dejó ocho muertos y decenas de heridos. Ocurrió en la localidad de Sacaba, ubicada a 13 kilómetros de Cochabamba. Se suma a la lista de víctimas fatales, que asciende a 13.
Por su parte, la presidenta Áñez emitió un decreto que exime a los militares de responsabilidades penales durante la represión. “El personal de las FF.AA. que participe de los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad publica estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, señala el texto publicado ayer.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) repudió la feroz represión y los ataques a la prensa. “La CIDH condena uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba, Bolivia, que ya resultaron en 5 personas fallecidas e múltiples heridas. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, señaló anoche el organismo. Hoy se conoció que tres de los heridos fallecieron.
También “condena el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Cochabamba, Bolivia, y recuerda al Estado su obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”. “La CIDH expresa su preocupación por el accionar de las FFAA en las operaciones combinadas realizadas en Bolivia desde el inicio de la semana. Los estándares Interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos”, recuerda la entidad.
Rechaza, además, el “uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares” y advierte que “atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales”. “El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, señala la CIDH.
También expresa “su grave preocupación por las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas. Las fuerzas de seguridad Bolivia debe abstenerse de agredir y facilitar su labor”. Vale recordar que periodistas argentinos tuvieron que ser evacuados.
