El presidente Alberto Fernández recibió este viernes a la cúpula de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en la Residencia de Olivos para analizar la situación del sector. Le plantearon “establecer un aislamiento selectivo” luego del período de cuarentena que se extiende hasta el 12 de abril.
Las puertas de la quinta se abrieron para recibir al presidente de la CAC, Jorge Luis Di Fiori y otros integrantes de la mesa ejecutiva de la entidad, Eduardo Eurnekian, Alberto Grimoldi y Víctor Dosoretz. La propuesta del sector para el Presidente, secundado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue un “aislamiento social selectivo” que “permita el paulatino regreso a la actividad”.
“Autorización de tareas presenciales solamente a trabajadores, fuera de los grupos vulnerables, que residan en, por ejemplo, un radio no mayor a 5 km de distancia del lugar de trabajo para la primera etapa, luego de 20 km para la segunda, y así sucesivamente”, es uno de los puntos del plan, que también contempla “establecimiento de horarios especiales para evitar la generación de horas pico en los medios de transporte”. Esto supone, “en la primera etapa, jornadas de 6 horas y luego ampliarlas gradualmente”.
Además, el informe plantea “flexibilización de las restricciones que afectan la logística del comercio electrónico, clave en este momento como alternativa al canal tradicional”. “Es indispensable permitirles a los comerciantes ir hasta sus locales o depósitos, con una dotación de empleados limitada y sin atención al público, para que puedan vender y despachar los pedidos directamente a través de un servicio de paquetería, correo o fletes habilitados”, apunta el texto.
Por otro lado, la CAC solicitó una amplia simplificación de trámites burocráticos y una pronta apertura, al menos parcial, de las sucursales bancarias, indispensable para la realización de ciertas operaciones. Hoy, los bancos solamente atienden a los jubilados y beneficiarios de programas sociales que no tengan tarjeta de débito.
El segundo de los ejes, en tanto, consistió en medidas de apoyo financiero e impositivo a las empresas. “Otorgamiento de un préstamo instantáneo y directo, a tasa cero, que se acredite en las cuentas sueldo de los trabajadores. El monto del préstamo debería ser equivalente a la diferencia entre el salario del trabajador y el pago que efectúe la ANSES (Asignación Compensatoria al Salario) o el Ministerio de Trabajo (Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria), según DNU 332/2020, de creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, es uno de los pedidos.
Además, solicitan la “postergación de pagos de los aportes personales y aportes y contribuciones y ART correspondientes a los sueldos de marzo y abril. Apertura de un plan de facilidades de pago en seis cuotas para su cancelación con vencimiento a partir de los 60 días de finalizado el período de aislamiento”; “exención del 100% del pago de contribuciones patronales de los sueldos de marzo y de abril, extensible a los meses siguientes según la evolución de la pandemia y de sus consecuencias”.
También piden la “postergación de los vencimientos de impuestos que operaban en abril de los tres niveles de gobierno (IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Anticipos de Ganancias, Ingresos brutos y tasas municipales)” y la “suspensión por dos meses de todos los regímenes de recaudación anticipada de los tres niveles de gobierno (retenciones y percepciones)”.
