El Régimen Penal Juvenil será el eje de la sesión convocada para este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará darle media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa llega al recinto luego de que el Senado aprobara la reforma laboral y en una jornada que también incluirá el tratamiento del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, lo que le permite encarar el debate con una base de apoyos consolidada, aunque no exenta de tensiones en el recinto.
El proyecto del Régimen Penal Juvenil establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque el texto subraya que la privación de la libertad deberá aplicarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
Para delitos con penas menores, la iniciativa contempla medidas alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño o restricciones para concurrir a determinados lugares. También habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
El articulado fija que la sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. Además, impulsa la creación de institutos especializados con personal capacitado en infancia y adolescencia, prohíbe la convivencia con detenidos mayores e incorpora programas educativos, capacitación laboral y asistencia psicológica.
Uno de los puntos que facilitó los acuerdos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones para la implementación del nuevo régimen, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Con este esquema, el Gobierno busca mostrar que la reforma no solo endurece las penas, sino que también prevé recursos para su aplicación efectiva.
