Tras lograr dictamen positivo en el Senado, el proyecto de ley que propone agravar las penas por denuncias falsas en materia de violencia de género quedó listo para ser debatido en el recinto. La iniciativa, que cuenta con el firme respaldo de la senadora Carolina Losada y de su colega la exministro de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se presenta como una respuesta a supuestos abusos del sistema judicial. Sin embargo, la propuesta encendió las alarmas en los sectores que trabajan directamente con víctimas de violencia.
Desde la organización La Casa del Encuentro, que dirige Fabiana Túñez, emitieron un duro comunicado, señalando que este tipo de iniciativas legislativas “no son inocuas”. Según la entidad, el foco puesto en las denuncias falsas —un fenómeno que califican como marginal y excepcional en las estadísticas oficiales— contribuye a distorsionar el debate público y tiene consecuencias directas pues genera más temor en las víctimas, desalienta la presentación de denuncias y aumenta el riesgo de quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El argumento central de las organizaciones es que no existe un “vacío legal” que justifique una nueva intervención punitiva, ya que el delito de falsa denuncia ya está contemplado en el Código Penal.
Los datos del Observatorio de Femicidios de la institución refuerzan esta postura al demostrar que un gran porcentaje de las víctimas de femicidio en el país no habían realizado denuncias previas, lo que demuestra que el problema principal es la falta de denuncias y no su exceso. El obstáculo real, sostienen, es la carencia de patrocinios jurídicos gratuitos y el difícil acceso a una justicia efectiva.
Por su parte, Laura Musa, directora de la Fundación Sur, rechazó de plano el proyecto al considerar que su finalidad real es “amedrentar” a quienes se animan a denunciar abusos o situaciones de violencia de género.
Musa subrayó que la propuesta carece de evidencia sobre sentencias firmes que la justifiquen y advirtió que desplaza la carga de la prueba hacia las víctimas, vulnerando tratados internacionales.
Asimismo, remarcó que la responsabilidad de investigar es exclusiva del Ministerio Público Fiscal y que no hay pruebas de que el aumento de penas funcione como un factor disuasivo real para reducir delitos.
