En la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, autoridades de distintas universidades nacionales alertaron sobre el deterioro salarial, la paralización de obras, la caída de las becas y el impacto que la crisis presupuestaria tiene sobre estudiantes, docentes y no docentes.
La movilización convocada para este 12 de mayo en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, volverá a tener como eje el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los salarios del sector. Según un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), “la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica”.
El documento advierte que las transferencias a universidades nacionales registran “una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026”, lo que implica “una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”. También alerta sobre el fuerte deterioro salarial en el sector universitario. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumularon un incremento del 158%, mientras que la inflación alcanzó el 280%, lo que produjo “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32 %”.
El escenario, remarcan desde las casas de estudio, ya comenzó a reflejarse en renuncias de personal, reducción de proyectos de investigación y dificultades crecientes para sostener el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.
Las voces de las universidades
En ese sentido, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, denunció que el Gobierno está llevando adelante “un ajuste muy brutal” sobre el presupuesto universitario que afecta principalmente los salarios de los docentes y no docentes y los recursos destinados a becas estudiantiles.
La Universidad Nacional del Comahue cuenta actualmente con alrededor de 34 mil estudiantes activos, 2.700 docentes y 900 trabajadores no docentes. En marco de restricción presupuestaria, Gentile reveló que durante 2025 se registraron 275 renuncias entre docentes y no docentes. “Se van porque las condiciones materiales ya son insoportables para poder vivir”, afirmó.
Acto seguido alertó sobre la caída de la investigación científica por problemas salariales: “Los docentes reducen sus dedicaciones exclusivas y abandonan proyectos para salir a buscar otros trabajos”. La misma situación también impacta sobre las becas estudiantiles. “La pérdida del poder adquisitivo de los estudiantes es enorme. No pudimos incrementar nuestras becas por el recorte de más del 40% en gastos de funcionamiento”, explicó.
Además, advirtió sobre las dificultades para afrontar costos básicos como la climatización de las aulas en una región atravesada por bajas temperaturas. A esta situación se suma el deterioro de la infraestructura universitaria. “Todas las universidades tenemos edificios que han quedado en un 70% sin terminar. Esos edificios que quedan como elefantes blancos en las universidades es la imagen más decadente que puede dar un país”, sostuvo.
En la misma línea, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, aseguró que el sistema universitario atraviesa “una situación totalmente insostenible”.
La universidad, que tiene cerca de 17 mil estudiantes, 1.200 docentes y 380 no docentes, sufrió una fuerte caída del poder adquisitivo. “Los trabajadores han perdido casi 8 salarios mensuales tomando como base el salario de noviembre de 2023″, detalló. “En los últimos dos años sufrimos la partida de más de 50 docentes por los bajos salarios”, agregó.
Pinazo sostuvo además que muchos trabajadores universitarios debieron buscar otros empleos para llegar a cubrir sus gastos de vida. “Eso impacta directamente en la capacidad para preparar clases, formarse y sostener la calidad académica”, indicó.
El vicerrector también advirtió sobre el derrumbe de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento cotidiano y a las políticas estudiantiles. “La cuota de gasto de funcionamiento está en menos de un 40% del poder adquisitivo que teníamos en enero del 2023 y las becas Progresar van a terminar en un poder adquisitivo del 4% del que tenían en 2023”, afirmó.
Por último, cuestionó la paralización de las obras: “La infraestructura se eliminó completamente del presupuesto y se ha ejecutado 0”.
Desde la Universidad Nacional de Moreno, el rector Alejandro Robba informó que la institución declaró la emergencia presupuestaria y salarial por tercer año consecutivo. Actualmente, la casa de estudios cuenta con 14.700 estudiantes y una planta integrada por 800 docentes y 200 nodocentes.
Robba advirtió que el ajuste presupuestario ya impacta de manera directa en el funcionamiento académico. Según explicó, la falta de actualización de las partidas nacionales impide la creación de nuevos cargos docentes pese al crecimiento sostenido de la matrícula. “El gobierno nacional no financia nuevos cargos docentes y eso genera comisiones superpobladas y más estudiantes por cada profesor”, señaló.
En ese marco, el rector también describió el deterioro salarial que atraviesa el sector universitario. “Actualmente, un Ayudante de Primera con baja antigüedad percibe apenas $250.000 netos por 10 horas de clase semanales”, afirmó.
Respecto de los incentivos destinados a los estudiantes, remarcó que “las Becas Progresar permanecen congeladas en $28.000, una cifra que no cubre siquiera los costos básicos de transporte y materiales”. Además, alertó sobre las consecuencias del recorte en las actividades académicas y científicas: “Los programas de extensión e investigación se redujeron al mínimo”.
En cuanto a la infraestructura, denunció que el Gobierno paralizó la finalización de un edificio destinado a incorporar 19 nuevas aulas. También advirtió sobre el fuerte incremento de los costos de los servicios básicos. “La factura de electricidad pasó de $3 millones en febrero de 2024 a $24 millones estimados para abril de 2026, mientras que las transferencias oficiales apenas se triplicaron”, sostuvo.
Frente a este escenario, las autoridades universitarias ratificaron la convocatoria a la movilización federal y reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “La crisis presupuestaria amenaza con interrumpir el derecho a la educación superior de miles de jóvenes de la región”, expresó Robba. “Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra comunidad y la soberanía científica de la Nación”, concluyó.
