Frenar la suba de precios, abrir el mercado para pymes y productores, variada oferta para consumidores. Son algunos de los ejes centrales de la Ley de Góndolas: sin embargo, tres son las iniciativas.
La senadora del FpV-PJ María de los Ángeles Sacnun reiteró hoy la importancia de aprobar en el Congreso el proyecto de ley presentado en 2017. En marzo, había solicitado la “representación” de la iniciativa, que sufriría la caducidad este año.
“La Ley de Góndolas obliga a los supermercados a comercializar en un 10 por ciento la producción de los agricultores familiares, cooperativas y pymes con el propósito diversificar en términos económicos y limitar el accionar de los monopolios”, remarcó la legisladora a través de Twitter.
Remarcó que “beneficia a los pequeños y medianos productores y busca que Supermercados, Hipermercados y/o Mayoristas NO posean la totalidad del mercado sobre un producto determinado, es una forma también de limitar el aumento de la inflación” y “promueve además el consumo de alimentos sanos, a bajo costo y de calidad evitando la concentración que existe en el mercado en materia de alimentos que son esenciales para el desarrollo de nuestros niños y niñas”.
El proyecto de ley señala que “la alianza mundial que existe entre ciertos actores de la industria alimenticia y las grandes cadenas de supermercado se replica en la Argentina e impide a pequeños y medianos productores locales, agricultores familiares, pymes y/o cooperativas y mutuales ingresar en los grandes centros de consumo nacionales. Se ha intentado explicar esta imposibilidad desde la falta de técnica y tecnología de estos actores frente a la gran industria local y trasnacional, pero cientos de estos actores relegados cuentan con excelencia productiva y tampoco pueden ingresar a los grandes mercados”. “Esta imposibilidad de comercializar productos genera fuertes límites al desarrollo económico de cientos de miles de actores productivos de todas las provincias del país, problemática que se ve reflejada, entre otras cosas, en los altísimos niveles de migración interna que tiene Argentina producto de la ausencia de oportunidades laborales en los pueblos alejados de las grandes urbes.”, agrega el texto.
“Por otro lado, la baja o nula competencia que existe en el mercado de la producción de alimentos genera una fuerte distorsión de precios producto de la excesiva rentabilidad de los eslabones industriales y comerciales de la cadena, impactando negativamente en el ingreso de los argentinos. En términos de calidad alimentaria, la gran industria alimenticia ha ido empeorando la calidad de sus productos en términos nutricionales, lo que se ha visto traducido en el aumento de enfermedades ligadas a la alimentación, como la diabetes, la celiaquía, la hipertensión, la desnutrición y la obesidad”, manifiesta el proyecto de la legisladora del FpV-PJ.
El proyecto de Carrió
Pese a que ya había una iniciativa sobre el tema, la diputada Elisa Carrió presentó un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.
Se busca “resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimenticia, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores” y “contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de productos alimenticios suficientes y de calidad”. Y señala que “si existiera una situación de desequilibrio en el caso de los contratos alimenticios, será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito”.
La iniciativa plantea “pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al 20% del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”. “Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta 50% de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales”, establece el proyecto.
Un tercer proyecto
Será presentado este mediodía por el Frente Patria Grande, que tiene como referente al dirigente social Juan Grabois. El proyecto de ley busca regular a los supermercados y proveedores, prohibiendo que una sola empresa tenga más del 30% de venta directa. Además de darle lugar a las PyMES, la ley también resguarda un 5% de la góndola para productos de cooperativas.
“Es una ley sencilla, de fácil aplicación, que solo requiere decisión política, no tiene costos para el estado”, afirman desde la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La presentación se realizará en el marco de una protesta denominada “Gondolazo”, en la que se montará frente al Congreso un minimercado donde distintas cooperativas venderán productos de primera necesidad para que la ciudadanía pueda comparar los precios con los de las grandes cadenas comerciales. Será este mediodía en el cruce de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en Capital Federal.
Grabois había cuestionado a Carrió por “primerear” al espacio y consideró que la presentación de su iniciativa no es más que “malabares opo-oficialistas”. “Lo importante: dar respuesta al hambre del Pueblo con emergencia alimentaria y control de precios”, aclaró.
