El Gobierno Nacional extendió por tres años más la renovación de colectivos decretada en 2012 y desde el sector criticaron la medida y advirtieron que puede afectar la seguridad del transporte.
La publicación en el Boletín Oficial establece “que los vehículos afectados a la prestación de Servicios Públicos de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional y los destinados a la prestación de Servicios de Oferta Libre modelo año 2012 podrán continuar prestando los mismos por el plazo de TRES (3) años contados desde el vencimiento de la antigüedad requerida“, la cual era de 10 años.
La extensión “se aplicará a todas las unidades que hubiesen estado registradas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”.
Críticas desde los empresarios
Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), explicó que “la prorroga del vencimiento de las unidades permite ampliar la utilización del parque por más tiempo que los 10 años de plazo máximo de circulación”.
De todas maneras, criticó la medida por ser “un parche” que, en el contexto económico actual, “perjudica a los usuarios, con peores frecuencias y mayores riesgos de seguridad vial, y no evita que las empresas deban asumir mayores costos de mantenimiento”.
En el mismo sentido, Fusaro explicó que la seguridad del transporte requiere “costos e inversiones, que en las actuales condiciones son cada vez más difíciles de afrontar”.
“No es arbitrario el plazo de 10 años, estas unidades ofrecen un rendimiento en producción de kilómetros de solo el 50% respecto a una unidad nueva“, indicó el vicepresidente de AAETA y agregó: “Extender su uso a 13 años no tiene ninguna lógica operativa o de seguridad, es puramente fiscal y económica. El Estado admite de manera tácita que no puede sincerar tarifas y compensar el aumento de costo de inversión con subsidios que cubran el atraso tarifario, entonces lo hace permitiendo que las empresas circulen con unidades más viejas”.
Pensando en una renovación de la flota, que incluso pueda sumar unidades más eficientes en términos de energía, Fusaro cree que el Estado “debe garantizar condiciones económicas apropiadas” para que sea posible.
“El AMBA, con sus 18.500 buses, debería ir a la vanguardia en cuanto a renovación de material rodante por unidades mas seguras y sustentables con el medio ambiente, como si ocurre en otras grandes ciudades”, analizó el representante del sector y finalizó: “Es importante priorizar las inversiones en transporte de personas, ya que la Tragedia de Once nos recuerda que es algo prioritario que no debe lamentarse cuando ocurre una tragedia”.
