La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La resolución fue dictada este miércoles por la jueza federal Mariel Borruto.
La decisión surgió a partir de una medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas, en el marco de las acciones judiciales impulsadas contra las compañías que participan del emprendimiento. La resolución alcanza a las tareas de perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina y las estructuras necesarias para avanzar con la explotación de hidrocarburos.
Además, la Justicia dispuso que las empresas informen el estado actual del proyecto Sea Lion, incluyendo el cronograma previsto para las etapas de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación. También deberán aportar información sobre los pozos, los equipos contratados y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.
La medida se produce en medio de una nueva escalada judicial y diplomática por la explotación de hidrocarburos en el área de las Malvinas. El Gobierno argentino sostiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, mientras que el Reino Unido rechaza la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las islas y las empresas sostienen la validez de las licencias otorgadas por las autoridades de las Malvinas.
