Tras la caída de la paritaria universitaria, los sindicatos definieron el jueves 15 de octubre como fecha de la quinta marcha federal educativa. A diferencia de las otras protestas, esta será frente al Palacio de Tribunales. La decisión llegó después de que el Gobierno y los gremios docentes volvieran a reunirse sin lograr un acuerdo.
El Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado en el encuentro anterior y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia, mientras los sindicatos la rechazan y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.
Como antesala de la marcha, se resolvieron además un paro para este viernes y para el martes próximo. A esa medida se suma otro planteo de algunos gremios de la UBA, que impulsan un paro escalonado de 23 días como medida de fuerza adicional, en momentos en que la negociación paritaria sigue estancada.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.
El fracaso de la paritaria
La reunión paritaria, que había comenzado el 1° de septiembre y se retomó este jueves, terminó sin nueva convocatoria y con los sindicatos enfocados en organizar la federal universitaria de octubre. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una recomposición del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya se cumplió con las actualizaciones salariales exigidas judicialmente.
Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y calculan que todavía resta cerca de un 23% de recomposición para empatar con diciembre de 2023.
La discusión salarial universitaria corre además por un carril distinto al del debate del Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se superponen: el proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% respecto del crédito original, aunque las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada.
