La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) dispuso este viernes la clausura de la planta avícola Cresta Roja (Wade S.A.) ubicada en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, en el marco de un procedimiento vinculado a denuncias ambientales impulsadas por vecinos del distrito.
El reclamo había sido reactivado la semana pasada por el vecino de Monte Grande, Alejandro Cruz, referente comunitario y conductor local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), quien promovió presentaciones formales ante autoridades municipales y ante ACUMAR para denunciar los olores nauseabundos y la contaminación del aire que, según sostienen los residentes, emanan desde la planta avícola.
La iniciativa impulsada por Cruz y el CEPIS incluyó reuniones con funcionarios municipales, la difusión de un petitorio digital y un pedido de acceso a la información pública dirigido al organismo de cuenca, con el objetivo de conocer los controles ambientales realizados sobre la empresa.
La clausura se conoció pocos días después de que el Municipio de Esteban Echeverría labrara un acta de infracción en la que se constató la emisión reiterada de gases desagradables e irritantes a la atmósfera, una situación que, según el documento oficial, afecta “el bienestar, la salubridad y la seguridad de las personas”.
El acta municipal que precedió a la clausura
La actuación administrativa que antecedió a la intervención de ACUMAR fue labrada por inspectores municipales el 3 de marzo de 2026 en el establecimiento ubicado en Estancia Los Remedios 2701, donde funciona la planta de faena de aves de Wade S.A.
Según el acta de infracción, durante la inspección se constató “la emisión de gases desagradables e irritantes a la atmósfera en reiteradas ocasiones”, lo que constituye una infracción al artículo 16 de la Ordenanza 1641/80, modificado posteriormente por la Ordenanza 1969/84.
En el documento se intimó a la empresa a “cesar en forma inmediata la descarga a la atmósfera de dichos gases perjudiciales para el bienestar, la salubridad y la seguridad de las personas”, bajo apercibimiento de sanciones.
Tras esa constatación, ACUMAR avanzó con la clausura del establecimiento, una medida que vecinos y organizaciones vinculan con la presión social generada por el reclamo iniciado días atrás.
Vecinos denuncian impacto en la vida cotidiana
“Se clausuró Cresta Roja y acá te explico por qué: el aire contaminado que respiramos en Esteban Echeverría es producto de la cocción de tripas, plumas, más productos químicos que lleva adelante la planta cuando produce harina para alimento balanceado”, señaló Alejandro Cruz, referente del CEPIS, en un video difundido en redes sociales tras conocerse la medida.
El dirigente vecinal explicó que el problema afecta a unas 220.000 personas del distrito y describió el impacto que, según denuncian los residentes, generan los olores provenientes del establecimiento.
“Formo parte de una comunidad de 220.000 personas en Esteban Echeverría que padecemos los olores nauseabundos de Cresta Roja, olores que hacen que tengamos que cerrar la ventana en los colegios, impide el normal desenvolvimiento en los comercios”, afirmó.
Según indicó, las emanaciones afectan el desarrollo de actividades cotidianas en distintos puntos del distrito y alcanzan zonas alejadas del predio industrial.
“Genera problemas para que podamos desarrollar actividad al aire libre y en un radio de acción que llega a la Universidad de Lomas de Zamora”, agregó.
El proceso de reclamo impulsado por vecinos y el CEPIS
El conflicto ambiental escaló durante los últimos días a partir de la intervención de Cruz y del CEPIS, organización que encabeza a nivel local, desde donde se canalizaron los reclamos vecinales y se impulsaron gestiones institucionales para que los organismos de control intervinieran en el caso.
“Hicimos un contundente reclamo vecinos, organizaciones, de una problemática que venía de años y el día lunes la municipalidad nos dio una reunión y estableció un cronograma de fiscalización”, explicó Cruz.
Durante ese proceso, el municipio intensificó las inspecciones en la planta y elevó reclamos ante ACUMAR, organismo con competencias sobre la contaminación del aire, agua y suelo dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el vecino, el acta municipal fue un punto de inflexión en el proceso que derivó en la clausura.
“El martes se labró un acta de infracción donde se habla de que el bienestar de las personas, la salubridad y la seguridad está afectada por la emisión de gases; claramente la empresa contaminaba como habíamos dicho”, sostuvo.
Antecedentes del conflicto ambiental
La clausura de la planta se inscribe en un conflicto que lleva años de denuncias por olores y contaminación ambiental en distintos barrios de Esteban Echeverría.
En ese contexto, funcionarios municipales mantuvieron a comienzos de la semana una reunión de trabajo con Alejandro Cruz, quien participó en representación de vecinos afectados y del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y el director de la Agencia Ambiental, Claudio Molero, funcionarios designados por el intendente Fernando Gray.
Durante la reunión se revisaron actas de infracción y multas previas aplicadas a la empresa, y el municipio reconoció formalmente que las emanaciones odoríferas constituyen un “problema real y complejo” que impacta en la calidad de vida de miles de habitantes.
En ese marco se definieron tres ejes de acción: intensificar las inspecciones municipales ante cada episodio de olor, elevar reclamos formales ante ACUMAR y avanzar en una mesa de trabajo conjunta con la autoridad de cuenca para abordar el caso.
Salud pública, trabajo y medio ambiente
Durante la reunión también se planteó que la problemática no solo afecta a los barrios cercanos sino también al ambiente laboral dentro de la planta, por lo que el reclamo se formuló en términos de salud pública y condiciones de trabajo.
En ese sentido, Cruz remarcó que la responsabilidad por la contaminación corresponde a la empresa y no a su personal.
“No sabemos por cuánto tiempo, pero lo que queremos marcar es lo siguiente: los trabajadores no contaminan, la empresa sí; por eso deben seguir cobrando hasta que la empresa readecue todo su sistema de producción y que sea en equilibrio con el medio ambiente”, afirmó.
Petitorio y campaña vecinal
En paralelo a las gestiones institucionales, Cruz y el CEPIS mantienen activa una campaña de recolección de firmas para respaldar el reclamo ambiental y sostener el seguimiento público del caso mediante un petitorio digital en Change.org. Según precisaron, ese canal se mantiene activo como herramienta de acompañamiento al reclamo y de visibilización del conflicto.
El petitorio digital, difundido a través de redes sociales, busca sumar adhesiones de vecinos, comerciantes e instituciones del distrito, mientras se aguardan definiciones sobre el alcance y la duración de la clausura.
“La lucha sigue. Tenemos que seguir casa por casa juntando firmas, comercio por comercio. ¿Saben por qué? Porque no queremos sorpresas, queremos una Echeverría que respire aire puro”, concluyó Cruz.
